Irregularidades en el Ifarhu: Tres líneas de investigación, cuentas cerradas y un rastro de fondos millonarios
En medio de las pesquisas, la atención de las autoridades se centró en el exdirector Bernardo 'Nando' Meneses, quien lideró el Ifarhu durante la mayor parte del gobierno anterior. En un inicio, Meneses se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público y ofreció declaraciones a los medios.
Panamá/El escándalo de los auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha sacudido a Panamá, revelando una serie de irregularidades en la asignación de fondos públicos destinados a la educación.
Por este caso, el Ministerio Público mantiene abiertas tres investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública que involucran a exfuncionarios de la entidad y a particulares—que aún se encuentra en fase preliminar— debido al alto grado de complejidad, según han revelado fuentes vinculadas al caso.
La investigación y sus secuelas
La primera línea de investigación abarca el periodo de julio de 2019 a diciembre de 2020; la segunda cubre de enero de 2021 a diciembre de 2022; y la tercera, de enero de 2023 a julio de 2024. Durante estos cinco años, al frente del Ifarhu estuvieron Bernardo Meneses (2019-2023) e Ileana Molo (2023-2024).
En el marco de estas tres investigaciones, el Ministerio Público ha realizado múltiples diligencias, entre ellas revisiones de cerca de 2,500 auxilios económicos otorgados. Incluso, este medio conoció que se han girado solicitudes de asistencia internacional a Estados Unidos, España y Reino Unido.
En medio de las pesquisas, la atención de las autoridades se centró en el exdirector Bernardo 'Nando' Meneses, quien lideró el Ifarhu durante la mayor parte del gobierno anterior. En un inicio, Meneses se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público y ofreció declaraciones a los medios.
Sin embargo, en diciembre de 2024 solicitó una audiencia de imputación en su contra. La decisión en primera instancia del Juzgado de Garantías, en ese momento, fue admitir una afectación de derechos alegada por la defensa de Meneses, la cual fue revocada luego que el Ministerio Público apelara ante el Tribunal Superior.
El caso está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia decida un amparo de garantías constitucionales, último recurso presentado por la defensa de Meneses para forzar una imputación.
Previo a que el Ministerio Público accediera a sus cuentas bancarias, Meneses intentó frenar la investigación invocando la figura de afectación de derecho. Pero para su sorpresa, las cuentas en cuestión —una en la banca privada y otra en la estatal— no habían sido congeladas por orden judicial, sino suspendidas por decisión interna de las propias entidades bancarias “por alertas de operaciones sospechosas”, según reveló una fuente a TVN-2.com.
Hasta ahora, no se han formulado cargos formales contra Meneses, y la investigación sigue en curso.
Los pasos de la Contraloría
Las irregularidades en la entrega de estos beneficios han llevado a la Contraloría General de la República, dirigida por Anel ‘Bolo’ Flores, a intervenir en el caso. Según pudo conocer este medio, la institución ya está realizando diligencias dentro del Ifarhu con sus auditores forenses sobre los beneficios que otorgó esa institución entre los años 2019 y 2024.
Pese a los reiterados intentos de este medio por contactar a Meneses —incluyendo mensajes directos— no se obtuvo respuesta.
Quien sí respondió y se limitó a decir que han ido por delante del proceso fue su abogado, Ángel Álvarez. Dijo a este medio: "Nosotros partimos por delante en esta investigación en todos los sentidos. Meneses se levantó el fuero para que lo investigaran y solicitó a la Contraloría y al Ministerio Público que se hiciera una auditoría integral del programa (...)".
Los auxilios económicos no reembolsables fueron entregados de forma discrecional, sin evaluación alguna del nivel socioeconómico o de la situación de riesgo social de los beneficiarios. Se trató de fondos que oscilaban entre $5,000 y $200,000 por persona, muchas veces entregados sin revelar públicamente el nombre del beneficiario.
Entre los favorecidos, se encuentran políticos, diputados y empresarios cercanos a la administración del expresidente Laurentino 'Nito' Cortizo.
Según reveló el director encargado del Ifarhu, Gabriel Cajiga, entre 2019 y 2024 —bajo la administración de Meneses y Molo— se otorgaron 9,237 auxilios económicos, por un monto total de $260 millones 463 mil.
Cajiga advirtió, en su comparecencia a la Asamblea el lunes, que gran parte de estos fondos no podrán ser recuperados, incluso cuando fueron concedidos a personas con alta capacidad económica. ¿La razón? El programa de auxilios no exigía la devolución del dinero, salvo en casos en que el beneficiario incumpliera con la entrega de documentos requeridos por la entidad.
Hasta la fecha, solo dos personas han devuelto los fondos, por un total de 45 mil dólares. Dijo que se han detectado aproximadamente mil casos potenciales donde podría aplicarse la cancelación del auxilio.