Justicia bajo la administración de José Raúl Mulino: designaciones, denuncias y desafíos institucionales

Panamá/A pocos días de cumplirse el primer año de gobierno del presidente José Raúl Mulino, el balance en materia de justicia presenta un panorama dinámico, marcado por cambios clave en altas posiciones del Ministerio Público, designaciones judiciales estratégicas y una serie de denuncias interpuestas por el propio Ejecutivo, que han puesto bajo la lupa a diversas instituciones públicas.

Designaciones clave en la estructura de justicia

Uno de los movimientos del Gobierno ha sido la designación de los nuevos jefes del Ministerio Público. Mulino nombró a Luis Gómez Rudy como procurador general de la Nación, y a Grettel Villalaz de Allen como procuradora de la Administración, en reemplazo de Javier Caraballo y Rigoberto González, respectivamente. Estas decisiones fueron interpretadas como una apuesta del Ejecutivo por dar un giro más activo al aparato investigador del Estado.

La designación de Gómez Rudy generó algunos cuestionamientos por su cercanía al mandatario, quien rápidamente salió al paso de esos señalamientos planteando que “en esos puestos no puede nombrar a sus enemigos”.

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En el ámbito del Tribunal Electoral, también se designó a un nuevo magistrado, Narciso Arellano, abogado con trayectoria, quien asumió el cargo tras la salida de Eduardo Valdés Escoffery. La decisión fue bien recibida en algunos sectores, aunque también generó recelo en cuanto a su independencia frente al Ejecutivo.

El Ejecutivo también completó los nombramientos de magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, quienes ya han tomado posesión ante Mulino. Se trata de Eugenio Urrutia Parrilla, suplente de Carlos Alberto Vásquez Reyes, y de Gisela del Carmen Agurto Ayala, suplente de Cecilio Antonio Cedalise Riquelme, tras la renuncia de sus predecesores.

Además, se prevé que en los próximos meses el presidente Mulino realice nuevas designaciones, ya que culminan sus periodos los magistrados Ángela Russo (de la Sala Civil) y Cecilio Cedalise (de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo) el 31 de diciembre próximo. Ambos han sido figuras polémicas en fallos relevantes, por lo que su reemplazo podría redefinir el equilibrio interno de la Corte Suprema.

En diciembre de 2027, a María Eugenia López se le termina su período. Para esa misma fecha culmina la gestión del magistrado Olmedo Arrocha.

La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal del país, encargado de interpretar la Constitución y de resolver los casos judiciales más importantes y controversiales. Sus decisiones son definitivas y vinculantes para todas las demás instancias judiciales. El período de un magistrado de la Corte es de diez años.

Denuncias y acciones del Ejecutivo: ¿limpieza institucional o persecución selectiva?

En paralelo a estas designaciones, la administración de Mulino ha impulsado una línea de investigación activa hacia posibles irregularidades en instituciones clave. Unas 12 instituciones en la actual administración han presentado denuncias ante el Ministerio Público.

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Entre los casos más destacados figuran investigaciones abiertas en:

• La Autoridad Nacional de Descentralización, por presuntos malos manejos de fondos públicos destinados a juntas comunales.
• El Ministerio de Salud (Minsa), donde se indagan compras irregulares de insumos médicos durante la pasada administración.
• El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), por asignaciones de proyectos habitacionales supuestamente amañadas.
• La Lotería Nacional de Beneficencia, señalada por presuntas anomalías en sorteos y contratos de impresión.
• El Ministerio de Ambiente, por supuestos actos de corrupción en el otorgamiento de concesiones forestales y de minería no metálica.
• El Ministerio de Educación, luego de que las auditorías internas de esa instancia descubrieran que, desde 2021, se estaban pagando salarios a 16 docentes fallecidos a través de transferencias electrónicas.
• Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), por las presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de Sanidad Básica en El Valle de Antón, provincia de Coclé, tras constatar que algunos de los trabajos programados no fueron realizados.

Entre expectativas de reforma y desafíos de credibilidad

A un año de haber asumido la presidencia, José Raúl Mulino ha logrado mover piezas clave dentro del aparato judicial panameño. Sin embargo, el primer año de la actual administración tiene opiniones divididas entre la sociedad civil organizada.

Candy Chen, de la Fundación 1decide.org, expresó que, habiendo conocido la gestión del presidente Mulino cuando fue ministro de Seguridad, llama la atención que no haya adoptado un estilo más autoritario ahora como mandatario, lo que, a su juicio, se interpreta como “una señal de mayor conciencia y apertura al diálogo con la ciudadanía”.

Sin embargo, señaló que, a pesar de las designaciones que ha hecho, sigue estando rodeado de personas influenciadas por diversos círculos de poder, “lo que ha evidenciado una justicia selectiva similar a la recién salida (a Colombia) del expresidente Ricardo Martinelli, dejando un sabor sumamente amargo a la población”.

“A pesar de que sí se perciben cambios en las bases de las instituciones, el tiempo ya se está quedando corto para consolidar estos avances, y si realmente quiere dejar su legado de un gobierno diferente, les toca apresurarse”, dijo.

Y es que, en los últimos meses, las recriminaciones de justicia selectiva por parte de educadores y gremios sindicales golpean con fuerza a la actual administración. En ese sentido,

Lina Vega Abad, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo uno de Transparencia Internacional, señaló que “la presidencia de José Raúl Mulino ha estado marcada por la inestabilidad desde el inicio. Una candidatura cuestionada que, sin embargo, fue avalada por la Corte Suprema de Justicia y un electorado que solo veía en él el retorno de los tiempos de bonanza de Ricardo Martinelli, sin que la corrupción que la produjo les preocupara”.

Un año después, una violenta polarización se ha instalado en el país, a raíz principalmente de la tantas veces postergada reforma del sistema de pensiones. Una reforma que es urgente para evitar una crisis financiera de gran proporción, pero que es rechazada por diversas organizaciones sociales que, al declarar la huelga indefinida desde el inicio y la exigencia de derogación de la ley, marcaron la pauta de la crispación social que vivimos”, planteó.

“No hay la menor duda de que el gobierno en general y el presidente Mulino en particular tienen un grave problema en materia de comunicación, que ha exacerbado el conflicto. El manejo del memorándum de entendimiento con los Estados Unidos es un claro ejemplo. Se trata de un tema que debió unirnos a todos los panameños frente a las presiones recibidas, pero por el contrario ahondó más la crisis”, dijo.

A su juicio, “tenemos hoy un país muy dividido, donde abundan las dobles agendas, la desinformación y faltan las mentes serenas y bien intencionadas. Es un escenario donde nadie va a salir ganando, y por el contrario, es mucho lo que estamos perdiendo. Urge que todos tomemos la decisión de rechazar la violencia venga de donde venga ”.

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En medio de este recorrido, el mandatario ha dejado plasmado en cada una de sus intervenciones su promesa de campaña de impulsar una constituyente originaria. De hecho, una de las primeras cosas que llevó adelante fue la creación de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), que fue creada mediante el Decreto Ejecutivo N° 488 del 28 de agosto de 2024.