Panama Ports: Advertencia de inconstitucionalidad frena proceso de nulidad
El litigio por la renovación del contrato de PPC podría derivar en la acumulación de demandas.
Panamá/La disputa legal por la renovación del contrato de concesión entre Panama Ports Company (PPC) y el Estado panameño dio un nuevo giro tras la publicación del Edicto N° 1741, mediante el cual la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral remitió al Pleno de la Corte Suprema de Justicia una advertencia de inconstitucionalidad presentada por la firma Morgan & Morgan Legal, en representación de la empresa, fijada en edicto y cuyo término de notificación vence hoy martes 5 de agosto.
Esta advertencia de inconstitucionalidad guarda relación con la primera demanda de nulidad contra la Nota ADM-1123-0-2021-DGPIMA-CON y la Certificación Sg N° 021-06-2021, ambas emitidas por la Autoridad Marítima, una prórroga automática del Contrato Ley 5 de 1997 y la certificación dio visto bueno al cumplimiento de las obligaciones contractuales, extendiendo la concesión hasta 2047. Esta demanda de nulidad fue presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz en 2021.
La advertencia cuestiona la frase “conforme a la Ley y sus reglamentos” del artículo 32 de la Ley N.° 56 de 2008, la expresión “informalidad” contenida en el artículo 34 de la Ley N.° 38 de 2000, así como el artículo 35 de esa misma norma, lo que obliga al Pleno de la Corte a pronunciarse antes de que la Sala Tercera pueda continuar el proceso.
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Sin embargo, esta advertencia de inconstitucionalidad pausa el proceso que arrancó en 2021 con respecto a la demanda de nulidad.
“El proceso de nulidad ya había avanzado hasta la fase de descargos, pero, con la advertencia promovida por la firma que representa a la empresa, la Sala Tercera tuvo que remitir todo el expediente al Pleno”, explicó Ruiz Díaz. Si es fallada en contra de la advertencia, entonces regresaría a la Sala Tercera para continuar con la presentación de pruebas, explicó el demandante sobre este proceso que lleva ya 4 años.
Este escenario implica que la resolución de la nulidad queda paralizada hasta que los nueve magistrados del Pleno decidan si procede o no la inconstitucionalidad advertida. En ese sentido, si el Pleno declara inconstitucionalidad, la demanda de nulidad “muere” automáticamente, pero si la rechaza, el expediente regresará a la Sala Tercera, que deberá retomar el proceso con la presentación de pruebas y luego, podría darse una posible acumulación con la última demanda de nulidad presentada por el contralor general, Anel "Bolo" Flores, el pasado miércoles.
Una posible acumulación de demandas
En este proceso sobre las demandas contra la renovación del contrato de PPC, la figura de la acumulación de demanda se asoma. Aparte de la demanda de nulidad de Ruiz Díaz, también hay una de inconstitucionalidad presentada ese mismo año por los juristas Julio Macías y Norman Castro.
Sin embargo, con las demandas de inconstitucionalidad y nulidad presentadas por el contralor Flores, que fueron admitidas el 1 de agosto por la Corte Suprema de Justicia, el proceso podría retrasarse. No solo por la acumulación, sino que en el caso de nulidad deberían pasar por todos los pasos que conlleva este recurso, por los que ya avanzó la demanda de Ruiz Díaz.
Cabe recordar que las dos demandas de inconstitucionalidad están en manos del magistrado presidente de la Sala Primera de lo Civil, Olmedo Arrocha, y las dos de nulidad en el despacho del magistrado de la Sala Tercera, Carlos Alberto Vásquez.
Sobre las demandas del contralor, el procurador de la Nación, Luis Gómez Rudy, ya confirmó que se le notificó sobre estos expedientes y cuenta con un periodo de 10 días hábiles para emitir sus conceptos, por lo que en términos oportunos su opinión será entregada a la Corte.
Al respecto, Ruiz Díaz dijo que el contralor debió constituirse en tercero interesado en vez de presentar una nueva demanda, ya que esto puede provocar acumulación y retrasar más la decisión. “Igual presentan de inconstitucionalidad y ya hay una pendiente de fallo final, con opinión favorable del Procurador”, añadió.
Es por ello que indicó que le sorprende la celeridad con que la Corte admitió esas demandas, lo cual se dio apenas dos días después de ser interpuestas; señalando que todo indica que las mismas podrían ser acumuladas con las demandas presentadas en 2021.
En 2021, el gobierno panameño resolvió extender por 25 años más las concesiones de PPC, hasta 2047, basados en las proyecciones de ingresos por tarifas (movimiento de contenedores, muellaje) y dividendos del contrato.
La disputa legal se da en medio de la posible venta de las concesiones de los puertos Balboa y Cristóbal, que administra PPC, al consorcio CK Hutchison Holdings.