Protestas y presupuesto: se detiene el debate

Ciudad de Panamá, Panamá/La paralización de la operación económica normal del país a causa de fuertes manifestaciones a nivel nacional, tanto de día como de noche, ha puesto en pausa muchos procesos en desarrollo, entre ellos, la aprobación del presupuesto general del Estado para 2024. ¿Cómo reaccionó la Comisión de Presupuesto a las manifestaciones? Y ¿por dónde va la aprobación de la norma? Veamos.

Pausa y volvemos

Aunque la Asamblea Nacional ha mantenido sus sesiones plenarias, la Comisión de Presupuesto —presidida a veces por el diputado Benicio Robinson, a veces por el diputado Raúl Pineda y a veces por la diputada Cenobia Vargas— pausó sus reuniones, al menos al ojo público, de cara a las fuertes manifestaciones que están tomando lugar. Esto ha detenido momentáneamente los traslados de partidas y la aprobación del presupuesto nacional.

Lo último de lo que nos enteramos fue una denuncia por parte del diputado Juan Diego Vásquez de que la comisión se reunió fuera de los canales públicos de la Asamblea para recomendar un aumento al presupuesto por más de $700 millones. Tal recomendación fue enviada al Consejo de Gabinete, donde aún permanece. Y será el Gabinete el que determinará si modifica el proyecto de presupuesto por el monto sugerido.

No se ha establecido que el ajuste del proyecto de presupuesto obedece a la sanción presidencial del contrato-ley con Minera Panamá —y por lo tanto su desembolso de alrededor de $700 millones— pero el Ministerio de Economía y Finanzas había establecido anteriormente que aún no estaba contabilizando esos fondos en su planificación financiera y las dos magnitudes son muy similares.

Los más de $700 millones que paga la mina en el corto plazo son el resultado de la suma de $395 millones como finiquito por cualquier obligación financiera pendiente de los años 2021 y 2022 junto al monto que debe del pago anual correspondiente a lo que ha transcurrido del año.

Tic toc

Ya la Asamblea Nacional envió señales que desea irse a sesiones extraordinarias para poder aprobar lo que resulte de sus negociaciones con el Gabinete en los tres debates necesarios. Luego, el texto final será trasladado al presidente para su sanción presidencial. No obstante, para poder efectuar tales sesiones extraordinarias, el legislativo necesitará ser convocado por el presidente de la República.

Para referencia, usualmente el presupuesto general ya es ley de la República para finales de octubre o inicios de noviembre. Las sesiones ordinarias de la Asamblea cierran el 31 de octubre. Y el presupuesto reciente que más tarde fue aprobado fue aquel para 2019, hecho ley el 13 de diciembre de 2018.

De acuerdo a la última información que circuló, el presupuesto para el Sector Público No Financiero se elevaba hasta los $28,000 millones, con $20,000 millones destinados para el Gobierno Central. Bajo tal propuesta, el tamaño promedio de un ministerio será de $800 millones, de los cuales $500 millones son para funcionamiento.

En un extremo de la escala está el Ministerio de Educación, con funcionamiento por $2,200 millones, y en el otro, el Ministerio de la Mujer, con funcionamiento por $11 millones.

La entidad en general con más presupuesto, no obstante, es la Caja de Seguro Social, que contará, según la última versión, con $7,000 millones en funcionamiento y más de $2,000 millones en inversión.

Pero aún no se sabe precisamente qué rubros solicitó modificar la Asamblea Nacional.

Durante las vistas presupuestarias, varios diputados de la Comisión de Presupuesto se quejaron que el documento no concede suficiente dinero para las necesidades de salud de sus poblaciones representadas, con incluso la diputada Yanibel Ábrego expresando que solicitaría la devolución del proyecto legal.

Por su lado, el Ministerio de Salud indicó que necesitaba varios cientos de millones adicionales para poder mantener las luces prendidas en sus centros de salud a lo largo del país, mientras que la Caja de Seguro Social se quejó que se le había quitado dinero al proyecto de la Ciudad de la Salud, afectando así su operatividad a corto plazo.

Otro hipo que ocurrió durante las vistas fue cuando el Ministerio de Educación reveló que aún no tenía una idea clara de qué iba a hacer con $1,600 millones de presupuesto de inversión, más de cinco veces el dinero que tenía para invertir en el año presente. Tal aumento fue el resultado de una concesión que hizo el Gobierno Nacional para calmar las protestas que ocurrieron a mediados del año pasado.

Y no obstante la discusión cuantitativa, poco se hablado de los cambios cualitativos al presupuesto, en particular, la introducción de una ley marco presupuestaria que podría atar las manos de ministros futuros de Economía y Finanzas , así como la introducción de nuevos conceptos presupuestarios fundamentales, como el valor por dinero.

Reacción de los mercados

Como se mencionó en una edición anterior, el banco con tres siglos de existencia, Barclays, había indicado que esperaba que el contrato minero fuera aprobado antes del cierre del año, pero en ningún lugar de su reporte contemplaron la posibilidad de un fuerte levantamiento social.

Y queda la duda de qué tanto impactará en la calificación crediticia de Panamá la salida del país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, considerando que, a pesar de ella, los bonos nacionales siempre han obtenido una sobre-suscripción. Pero ahora, la inestabilidad social impacta las expectativas de crecimiento del producto interno bruto del país.

Por ejemplo, Adolfo Fábrega, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, indicó que —a pesar de preferir no hacer cálculos tan generales— cada día de cierre tiene un impacto económico de más de $60 millones.

Lo que sigue

Todavía está por ser programada la discusión en primer debate del presupuesto y aún no hay claridad de cómo se incorporan los aportes mineros a la planificación financiera del próximo año, aunque el contrato-ley con la mina establece los lineamientos básicos.

Según un análisis del texto legal , la mitad de los aportes mineros anuales se irán a mantener vivo el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, un cuarto irán a proyectos de desarrollo en las áreas colindantes a la mina, 20% será destinado a elevar a $350 mensuales las pensiones de los jubilados que reciben por debajo de tal monto y 5% estará destinado al Instituto para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente, creado en junio pasado mediante la Ley 380 de 2023.

También se espera que la Asamblea Nacional reciba un aumento a su presupuesto por encima de los $50 millones a la par que la Autoridad Nacional de Descentralización recibirá un aumento en los cientos de millones, pero estos detalles solo se sabrán una vez la Comisión de Presupuesto sesione nuevamente.

Y con el financiamiento de las elecciones aún pendiente, estando el Tribunal Electoral solicitando alrededor de $230 millones, la presión solo aumenta sobre el Gabinete y tal comisión.