Gremios marchan y denuncian detención de buses con huelguistas en Costa Rica

Personas participan en una marcha masiva convocada por diferentes sindicatos contra la reforma fiscal que estudia el Congreso.
Personas participan en una marcha masiva convocada por diferentes sindicatos contra la reforma fiscal que estudia el Congreso. / EFE
Efe
26 de septiembre 2018 - 12:32

Los sindicatos del sector público de Costa Rica comenzaron hoy una marcha por el centro de San José en el día 17 de una huelga contra un proyecto de reforma tributaria y denunciaron la detención de autobuses que transportaban huelguistas en distintas partes del país.

La manifestación ha sido bautizada por los sindicatos como "La marcha de los gatos", en una alusión sarcástica a la frase "cuatro gatos", que es utilizada cuando se quiere decir que en algún lugar o evento hay pocas personas.

Los gremios han denunciado que la Policía de Tránsito ha detenido autobuses que transportaban manifestantes desde diversos puntos del país hacia la capital San José, ante lo cual han interpuesto un recurso de amparo en la Sala Constitucional.

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, dijo que el Gobierno está optando por "la represión" e hizo un llamado a los manifestantes a "hacer un plantón fuerte" en el sitio donde su autobús haya sido detenido.

La Policía de Tránsito informó que ha multado y retirado la matrícula a 22 autobuses de 77 que han sido inspeccionados durante el día porque se estaban dedicando a rutas o actividades para las cuales no tenían los permisos respectivos.

La marcha se lleva a cabo un día después de que el presidente del país, Carlos Alvarado, urgiera a los diputados en una cadena nacional la aprobación de la reforma tributaria en el mes de octubre, pues, según dijo, "el tiempo se agotó" y se debe "resolver ya" la situación fiscal.

El martes el Gobierno también acudió al Banco Central por primera vez desde 1994 para obtener financiamiento por un monto de alrededor de 858 millones de dólares a 90 días plazo y una tasa del 5,75 por ciento.

La reforma busca paliar el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) para el 2018 y además frenar el crecimiento de la deuda que este año superará el 50 por ciento del PIB.

La iniciativa de ley tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y algunos productos de manera diferenciada que estaban exonerados.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, renta de capital, renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

Los sindicatos aseguran que la reforma fiscal afectará en mayor medida a las clases medias y bajas y beneficiará a los sectores ricos, algo que niega el Gobierno y los sectores empresariales.

El Gobierno ha afirmado que el 82 por ciento del dinero que pretende recaudar con la reforma provendrán del 30 por ciento de la población con mayores ingresos, y solo el 4,8 por ciento se recargará al 30 por ciento de la población más pobres.

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