Delcy Rodríguez: ¿Quién es la supuesta pareja millonaria de la presidenta interina de Venezuela?

Delcy Rodríguez

El ascenso político de Delcy Rodríguez al frente del poder en Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, no solo reconfiguró el tablero institucional del país, sino que también colocó bajo el foco mediático a su círculo más cercano.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. / AFP

Entre ellos destaca Yussef Abou Nassif Smaili, un empresario de 36 años, de origen libanés, cuya fortuna millonaria y vínculos con contratos estatales han despertado interrogantes dentro y fuera del país.

Hasta hace pocos años, Abou Nassif mantenía un perfil discreto dentro del sector privado venezolano. Aunque posee nacionalidad venezolana, su familia forma parte de la comunidad libanesa establecida en el país desde hace décadas. Su nombre comenzó a ganar notoriedad pública no solo por su relación sentimental con Rodríguez, iniciada en 2017, sino por la magnitud de los negocios que él y sus hermanos han consolidado en medio de la prolongada crisis económica venezolana.

Antes de consolidar su propio emporio, Yussef Abou Nassif trabajó hasta 2010 en Interbursa, una casa de bolsa vinculada a operaciones financieras relacionadas con sectores cercanos al poder. Posteriormente, junto a sus hermanos Omar y Jamal Abou Nassif, impulsó un conglomerado empresarial con presencia en áreas estratégicas como importación de alimentos, turismo, construcción, bienes raíces y empaquetado de productos.

Uno de los proyectos más visibles del grupo es la cadena de minimercados Ok Mart, fundada en 2019 y con sucursales en puntos clave de Caracas. Según estimaciones de medios especializados, esta red habría generado ingresos anuales cercanos a los 500 millones de dólares, una cifra que contrasta con el deterioro económico generalizado que vive el país.

El crecimiento acelerado de la fortuna de los Abou Nassif ha sido vinculado, en buena parte, a contratos con el Estado venezolano durante la administración de Maduro. Investigaciones citadas por la Drug Enforcement Administration señalan que entre 2017 y 2018 los hermanos Abou Nassif habrían recibido contratos por aproximadamente 413 millones de dólares a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de distribución de alimentos subsidiados del gobierno, ampliamente cuestionado por denuncias de corrupción y uso político.

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Estas adjudicaciones se produjeron en plena emergencia humanitaria, lo que incrementó las críticas sobre la transparencia de los procesos y el posible peso de las relaciones políticas. En ese contexto, analistas han señalado la cercanía de Yussef no solo con Delcy Rodríguez, sino también con su hermano Jorge Rodríguez, una de las figuras más influyentes del chavismo.

Un informe del diario italiano Corriere della Sera apuntó que la relación personal entre el empresario y la entonces vicepresidenta habría facilitado el acceso a ministerios y empresas estatales, impulsando la expansión del grupo en sectores sensibles como alimentos y salud.

En 2019, el grupo Abou Nassif también incursionó en el sector salud al vender kits de hemodiálisis por 145 millones de euros al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La operación generó polémica debido a la escasez de insumos médicos que enfrentaban hospitales públicos en ese momento.

Además, varias de las empresas vinculadas a la familia están registradas fuera de Venezuela, incluso en Hong Kong. De acuerdo con reportes internacionales, estas estructuras podrían haber facilitado operaciones de comercio global con ventajas fiscales y logísticas, lo que añade una dimensión internacional al escrutinio sobre su fortuna.

La relación entre Yussef Abou Nassif y Delcy Rodríguez se ha mantenido estable desde 2017, pese a la diferencia de edad de casi dos décadas. A medida que Rodríguez escaló posiciones hasta asumir la presidencia interina, el interés mediático e investigativo sobre su pareja creció de forma proporcional.

Aunque hasta ahora no existe una sentencia judicial que vincule directamente al empresario con delitos, la combinación de riqueza, contratos estatales y conexiones políticas mantiene su nombre en el centro del debate sobre transparencia y rendición de cuentas en Venezuela. Organismos y analistas internacionales continúan pidiendo mayor claridad sobre el origen de los fondos, las adjudicaciones y los flujos financieros asociados a uno de los empresarios más influyentes, y enigmáticos, del entorno del poder venezolano.

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