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La grabación de imágenes utilizadas posteriormente en una serie de contenido para adultos dentro del cementerio municipal provocó una fuerte reacción política y social, obligando al Ayuntamiento a dar explicaciones públicas y a anunciar posibles acciones legales.
La polémica estalló tras una denuncia del Partido Popular de Alcoy, que aseguró que el gobierno local había autorizado un rodaje pornográfico en el camposanto donde se encuentra la tumba del célebre cantante. La noticia generó una oleada de críticas, especialmente por tratarse de un espacio considerado patrimonial y de memoria colectiva.
Ante la presión mediática, el Ayuntamiento de Alcoy confirmó que estudia emprender acciones legales contra la productora responsable. Según explicó el Consistorio en declaraciones a Radio Alcoy, la autorización concedida se basó en una declaración responsable presentada por la empresa, en la que se aseguraba que las imágenes serían utilizadas en una webserie de carácter introspectivo y vinculada al duelo, destinada a su difusión en YouTube, plataforma que prohíbe explícitamente contenidos para adultos.
Desde el gobierno local insistieron en que, en ningún momento, se informó de que el material pudiera acabar formando parte de una producción pornográfica, ni existía indicio alguno que permitiera prever ese uso final. “Llegaremos hasta el final para depurar responsabilidades”, afirmó la concejala de Turismo, Lorena Zamorano, subrayando la firme postura del Ayuntamiento frente a lo ocurrido.
El permiso fue tramitado a través de la Alcoy Film Office, organismo municipal encargado de regular y supervisar los rodajes en la ciudad. De acuerdo con la documentación presentada por la productora citada por Todoalicante y COPE Alcoy, la solicitud contemplaba únicamente la grabación de dos escenas: una en la que un actor caminaba por una de las calles del cementerio y otra en la que aparecía sentado en un banco frente a una tumba. El proyecto detallaba que no se mostrarían nombres de lápidas, que la duración aproximada del rodaje sería de 60 minutos y que el enfoque sería “de duelo e introspección”.
El Ayuntamiento remarcó que la autorización se concedió exclusivamente para esas tomas y que la solicitud no incluía ningún elemento sexual o inapropiado. En ese sentido, fue tajante al asegurar que, de haberse mencionado cualquier tipo de contenido pornográfico, la petición habría sido rechazada de inmediato.
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Otro punto que ha generado especial malestar es que la productora no informó a la administración local de que las imágenes podrían ser vendidas o cedidas a terceros. Según explicó el Consistorio, esta omisión refuerza la idea de que se ocultó información relevante durante el proceso de autorización. De hecho, el Ayuntamiento señaló que, al revisar la página web de la empresa, esta se presentaba como una productora que trabaja con entidades públicas y privadas, como fincas vitivinícolas o incluso la Diputación de Alicante, sin referencias visibles a contenido para adultos.
Sin embargo, posteriormente se tuvo conocimiento de que la empresa también ofrece servicios de grabación de recursos de contexto que luego comercializa con terceras productoras, una práctica que nunca fue comunicada durante la tramitación del permiso.
Lorena Zamorano recalcó en declaraciones a COPE Alcoy que “el Ayuntamiento y la Alcoy Film Office se toman muy en serio la protección del Cementerio de San Antonio Abad como espacio patrimonial, cultural y de memoria”. En ese sentido, recordó que en el pasado ya se habían denegado solicitudes de rodaje, incluso de programas de televisión de corte esotérico, por considerarse incompatibles con el respeto que merece el lugar.
Como consecuencia directa de la controversia, el gobierno local anunció que revisará la ordenanza municipal que regula los rodajes en Alcoy. El objetivo es incluir de forma expresa la prohibición de producciones para adultos o de cualquier contenido que pueda vulnerar la dignidad de las personas, los derechos humanos o el bienestar animal. La propuesta será elevada al Pleno municipal con el fin de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Mientras se esclarecen las responsabilidades, la polémica ha reabierto el debate sobre los límites del uso de espacios públicos sensibles y la necesidad de reforzar los controles administrativos para proteger la memoria histórica y cultural de la ciudad.