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Tira y afloja entre Supremo y Congreso español sobre suspensión de diputados presos

Tira y afloja entre el Supremo y el Congreso españoles sobre la suspensión de los diputados presos / EFE
Efe
23 de mayo 2019 - 06:55

El Tribunal Supremo (TS) y el Congreso españoles discrepan sobre quién debe iniciar los trámites para una eventual suspensión de funciones de los cuatro diputados catalanes que cumplen prisión preventiva y son juzgados acusados de rebelión y otros delitos por el proceso independentista de Cataluña de 2017.

El Alto Tribunal devolvió este jueves la decisión al Congreso e insistió en que ya había informado el viernes pasado sobre la situación judicial de esos parlamentarios para que la cámara legislativa estudie si debe suspenderlos.

El TS responde así a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, quien el miércoles le pidió en un escrito que tomase la responsabilidad de dar el primer paso para la suspensión o no de los diputados en sus funciones.

Estos cuatro diputados independentistas catalanes y un senador soberanista también encarcelado preventivamente contaron con el permiso del tribunal para tomar posesión el miércoles pasado como parlamentarios elegidos en los comicios generales del 28 de abril en España.

Batet pidió al Supremo que le informara sobre el alcance de la Ley española de Enjuiciamiento Criminal, por la que, cuando exista un procesamiento firme por delito de rebelión y se decrete la prisión provisional, el procesado que ostente un cargo público queda "automáticamente suspendido" de sus funciones.

Pero el TS replicó hoy que "la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido", puesto que el Congreso ya dispone de un equipo de letrados para tal fin y no es una competencia o tarea que deban hacer los magistrados.

El Supremo también recalcó que "la causa penal seguirá su curso y que es misión del tribunal salvaguardar los fines del proceso".

Los cinco parlamentarios encarcelados y otros siete independentistas son juzgados por el TS desde febrero pasado por delitos que supuestamente cometieron en 2017, cuando ninguno de ellos era miembro del Parlamento español.

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