Declaración de emergencia de Trump en la frontera llega a la justicia

El estado de emergencia que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó para conseguir los fondos para su polémico muro en la frontera con México, y que había dado lugar a principios de año a una feroz batalla con los demócratas electos, comenzó a ser analizado por un tribunal de California el viernes.

El juez a cargo del caso aplazó la audiencia, esencialmente dedicada a asuntos de procedimiento, sin dar la fecha en la que tiene la intención de entregar una decisión.

Esta demanda, la primera de muchas, fue presentada en un tribunal de Oakland por unos 20 estados, liderados por bastiones demócratas como California y Nueva York, así como por organizaciones de derechos civiles, la poderosa ONG de derechos civiles ACLU y otras asociaciones ambientalistas y proinmigrantes.

"Esperamos que la audiencia de hoy destaque lo que realmente está en juego con el muro de Trump: el peligro para las comunidades y la destrucción de nuestro medio ambiente", declaró en un comunicado Gloria Smith, abogada de la organización ambiental Sierra Club.

Argumentan que la orden presidencial del 15 de febrero es inconstitucional.

La lucha por los fondos para la construcción del muro ya había causado un cierre parcial (shutdown) del gobierno federal durante un récord de 35 días.

Drod Ladin, abogado de ACLU en temas de seguridad nacional, dijo que esperaba una "decisión mixta en este caso" debido a que trata varias fuentes de financiamiento.

"Es totalmente posible que la corte bloquee el uso de algunos fondos y de otros no".

El muro en la frontera fue una de las principales promesas con las que Trump llegó al poder en 2016, parte de un férreo discurso antiinmigrantes que mantendrá de cara a su campaña para la reelección en 2020.

El gobierno busca con la declaratoria de emergencia conseguir fondos para el muro de 3.600 millones de dólares originalmente destinados para construir instalaciones militares y otros 2.500 millones de dólares para ayudar a combatir el narcotráfico.

El Congreso le había otorgado 1.400 millones para financiar parte de una barrera en Texas.

Los demandantes buscan en principio que el tribunal suspenda los trabajos de construcción, que podrían comenzar el 25 de mayo, según el Departamento de Defensa, mientras dicta su decisión.

La demanda alega que el Departamento de Seguridad Nacional violó la Ley de Protección Ambiental al no evaluar el impacto ambiental que el muro tendría en California y Nuevo México.

Pero su mayor argumento está en palabras del propio presidente, que dijo que el muro podría ser construido en un período mayor. "No necesitaba hacer esto", dijo al anunciar la emergencia. "Pero prefería hacerlo más rápido".