Lo que hizo noticia en 2025
En materia económica, el país cerró el año con un crecimiento estimado del 4.5%, aunque con una tasa de desempleo cercana al 10% y altos niveles de informalidad laboral.
El año 2025 quedó marcado en Panamá como un período de fuertes tensiones sociales, conflictos políticos, procesos judiciales de alto perfil y acontecimientos internacionales que influyeron directamente en el panorama nacional. Fue un año de contrastes, con avances en infraestructura y crecimiento económico, pero también con crisis profundas en gobernabilidad, educación, empleo y seguridad.
El inicio del año estuvo dominado por el debate sobre las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), impulsadas por el Ejecutivo y discutidas desde el 6 de enero en la Asamblea Nacional. El proyecto generó amplio rechazo de sectores sindicales, docentes y ciudadanos, principalmente por los cambios propuestos a la edad de jubilación. Tras semanas de debates, consultas públicas, protestas y choques de posiciones, la iniciativa fue aprobada en marzo como la Ley 462, con apoyo de diputados de oposición. Sin embargo, su aprobación no puso fin a la crisis, sino que desencadenó una ola de manifestaciones a nivel nacional.
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Uno de los episodios más críticos se registró en Bocas del Toro, donde trabajadores bananeros y gremios docentes se sumaron a un paro indefinido en rechazo a la ley, alegando la afectación de derechos adquiridos, particularmente en el sector bananero. Los bloqueos de vías se multiplicaron, paralizando la actividad económica de la provincia. La empresa Chiquita Panamá anunció el cierre de varias fincas y posteriormente inició la liquidación de trabajadores, tras declararse ilegal la huelga. La situación escaló hasta actos de vandalismo y saqueos en Changuinola, lo que llevó al Gobierno a decretar estado de emergencia y suspender garantías constitucionales en toda la provincia.
En el ámbito educativo, el paro docente se extendió por más de 80 días, dejando a miles de estudiantes fuera de las aulas y afectando el primer trimestre del año escolar. El Ejecutivo respondió con la suspensión de salarios y la contratación temporal de educadores, una decisión que generó fuertes críticas, denuncias de abuso de autoridad y procesos legales aún en trámite. El retorno a clases se concretó parcialmente en julio, tras un acuerdo entre gremios magisteriales y el Meduca, aunque persisten reclamos de docentes reemplazados.
El conflicto social estuvo acompañado de investigaciones judiciales de alto impacto. Destacó el caso del dirigente sindical Saúl Méndez, quien solicitó asilo político y posteriormente perdió esa protección tras viajar a Venezuela, lo que derivó en una alerta roja de Interpol. Paralelamente, se registraron detenciones e investigaciones por presunto enriquecimiento injustificado, peculado y corrupción contra exfuncionarios del gobierno anterior, incluyendo exdirectores del Ifaru, la AIG y Pandeportes, además de pesquisas que alcanzan al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
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La Asamblea Nacional también vivió un año convulso, marcado por denuncias de clientelismo político, aumento de planillas y presupuestos inflados, así como el estancamiento de reformas anticorrupción prometidas. La elección del nuevo presidente del Legislativo, Jorge Herrera, estuvo rodeada de polémica, pactos políticos y cuestionamientos a la separación de poderes.
En el plano internacional, Panamá siguió de cerca el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la guerra en Ucrania, la tregua en Gaza y el aumento de la tensión entre Washington y Caracas. Además, el mundo despidió al papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, y dio la bienvenida al nuevo líder de la Iglesia católica, León XIV.
En materia económica, el país cerró el año con un crecimiento estimado del 4.5%, aunque con una tasa de desempleo cercana al 10% y altos niveles de informalidad laboral. En seguridad, pese a decomisos históricos de droga y operativos masivos contra el narcotráfico, el 2025 concluyó con más de 400 homicidios, reflejando los desafíos persistentes en la lucha contra el crimen organizado y la violencia.
