Protestas masivas en EEUU por el derecho al aborto

Decenas de manifestaciones tuvieron lugar este sábado en Estados Unidos contra la gran red de planificación familiar Planned Parenthood, que a su vez organizó sus propias marchas para defender el derecho al aborto, amenazado por los republicanos en el poder en Washington.

Más de 200 concentraciones que respondieron al llamado de la organización pro-vida Pro-Life Action League estaban previstas en 45 estados, delante o cerca de clínicas de planificación familiar, desde California a Nueva York pasando por Alabama y Texas, según el portal en línea protestPP.com.

"Tenemos viento en popa", dijo a The New York Times Eric Scheidler, director de Pro-Life Action League.

"Las elecciones demostraron que los electores pro-vida (opuestos al aborto) forman un bloque importante y la administración (del presidente Donald) Trump lo entendió".

Estas manifestaciones reclaman en particular la eliminación de los financiamientos públicos para esta red de clínicas, con más de 650 centros en todo el país.

En respuesta a ello, quienes apoyan la planificación familiar llamaron a manifestarse, principalmente en capitales estatales que albergan a las autoridades locales.

"Los militantes y defensores de la planificación familiar prueban así que rechazan dejarse intimidar", declaró en un comunicado Kelley Robinson, una responsable del fondo de Planned Parenthood Action.

Según las imágenes retransmitidas por los medios estadounidenses, las manifestaciones, a favor y en contra del aborto, se mantuvieron en cantidades modestas.

Multitudinarias "marchas de las mujeres" en defensa del derecho al aborto reunieron a más de dos millones de personas en Estados Unidos el 21 de enero, un día después de la toma de posesión de Trump, en particular en Washington, Nueva York y Los Ángeles.

La semana siguiente, decenas de miles de manifestantes anti-aborto se reunieron en una "marcha por la vida" en Washington, en la que participó el vicepresidente Mike Pence.

Los defensores del derecho al aborto temen que, si la Corte Suprema se inclina por largo tiempo hacia el lado conservador, se ponga en cuestión este derecho constitucional adquirido tras una decisión de la Corte el 22 de enero de 1973.