Perú: Nueva ley debilita salvaguardas ambientales

Decenas de grupos internacionales, las Naciones Unidas e incluso el defensor del pueblo de Perú han objetado una nueva ley que debilita la protección ambiental en esta nación andina, que en diciembre será anfitriona de una conferencia internacional sobre el cambio climático.

La ley, dirigida a fomentar las inversiones en las actividades de extracción, despoja al Ministerio del Ambiente, creado hace seis años, de la jurisdicción sobre las normas de calidad del aire, el suelo y el agua, así como de la facultad de restringir las emisiones de sustancias perjudiciales. También elimina la autoridad del Ministerio para establecer en el futuro reservas libres de actividades mineras y petroleras.

Perú, donde más de 300 grandes minas ya han dejado cicatrices, ya ofrecía al sector incentivos sin paralelo en los países del continente, incluso mejores que en Chile y México, países donde la minería es una actividad importante.

Promulgada el 11 de julio por el president Ollanta Humala tras un debate limitado en el Congreso, la nueva ley simplifica aún más los análisis ambientales para los nuevos proyectos y, para los próximos tres años, reduce a la mitad las multas máximas para todas las infracciones ambientales, salvo las más graves.

Al mismo tiempo, la normativa restituye las ventajas fiscales a las grandes multinacionales mineras, que ya disfrutan de beneficios como concesiones simultáneas indefinidas tanto para la exploración como la explotación, a condición de que hagan pagos nominales. En algunas provincias peruanas, más de la mitad del territorio esta en concesión.

"A nivel de América Latina somos el país que más está retrocediendo", declaró José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental.

Los ecologistas auguran que la debilitación de las protecciones derivará en mayores enfrentamientos entre la policía que protege las minas y los vecinos furiosos ante la contaminación y la reducción del suministro de agua, que atribuyen a las minas a tajo abierto. En junio hubo por lo menos 80 conflictos sociales relacionados con las minas, según estadísticas oficiales.

La ley prevé que la dirección encargada de la protección ambiental de Perú actúe en los próximos años más con medidas "preventivas" que disciplinarias.

La expedición de la ley es especialmente complicada para el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vida, que sorprendió a muchos cuando decidió permanecer en el cargo a pesar de la reducción de facultades. En diciembre, Pulgar Vidal será anfitrión de 15.000 personas, entre estas delegados de 194 naciones que asistirán a conversaciones sobre el clima que impulsa la ONU y que son la última conferencia climática importante antes de la reunión de diversos países en París en el 2015, en la que se tiene la expectativa de que se suscriba un nuevo tratado global.

La legisladora Verónika Mendoza, describió la ley como una "vergüenza" para un país con "un Ministerio del Ambiente totalmente debilitado" que pretende encabezar acciones a fin de elaborar un pacto global tendiente a la reducción de emisiones.

La economía de Perú depende considerablemente de la minería, que representa alrededor del 60% de los ingresos por exportaciones. Sin embargo, después de una década de tasas anuales de crecimiento promedio de más de 6%, la expansión se desaceleró recientemente debido a una contracción en la demanda de metales a nivel mundial.

En la última década, Perú captó unos 38.000 millones de dólares en inversiones para la minería. Funcionarios afirman que una flexibilización de las normas ambientales detonará la inversión, aunque no facilitaron detalles específicos. Los ministro de Finanzas, Minería y Ambiente de Perú no estuvieron disponibles para entrevista a pesar de las reiteradas solicitudes de The Associated Press.

Los defensores del ambiente afirman que no son las normativas excesivas las que lesionan la economía, como dicen algunos funcionarios y empresas mineras, sino más bien los bajos precios de las materias primas a nivel mundial.

De Echave dijo que no recuerda un proyecto que fuera congelado como resultado de excesivos trámites burocráticos.

La principal funcionaria de la ONU en Perú, Rebeca Arias, envió el 26 de junio al ministro de Relaciones Exteriores una carta en la que objeta la nueva ley. Arias dijo que "un modelo de crecimiento impulsado por inversiones respetuosas del ambiente constituye la única posibilidad viable de desarrollo sostenible en un país como Perú, que es uno de los más vulnerables a los efectos de cambio climático".

El defensor del pueblo de Perú, Eduardo Vega Luna, también expresó su rechazo a la ley en una carta dirigida al presidente del Congreso.

Más de 100 ambientalistas y otras organizaciones no gubernamentales, como Oxfam y The Sierra Club, presentaron su queja en una carta a Humala, en la que afirman que la ley podría recompensar a los contaminadores y alentar la expansión de industrias hostiles a los ecosistemas.

Algunos detractores afirman que la ley infringe los acuerdos de libre comercio que Perú tiene con Estados Unidos y la Unión Europea, que establecen que las protecciones ambientales no deben debilitarse para detonar la inversión. Cuando se les pidió declaraciones sobre el particular, portavoces de Estados Unidos y la Unión Europea dijeron que las autoridades estudiaban la ley.

La autoridad ambiental de Perú está bajo fuego en un segundo frente por el sector minero, que ha presentado demandas que podrían diluirle todavía más sus facultades para hacer cumplir las normativas.

Las compañías mineras afirman que una exacción "reguladora" instituida en diciembre, que contribuye a la financiación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que equivale al 0,15% de las ganancias de la compañía, es una confiscación inconstitucional.

Si ganan, el presupuesto 2014 del OEFA se reducirá en alrededor de 40%, a 21 millones de dólares.

"Volveríamos a un esquema de simplemente limitarnos, de hacer una suerte de inspecciones oculares', dijo la directora de evaluación de la OEFA, Delia Morales.

Entre los demandantes están la Minera Yanacocha SRL, cuya participación mayoritaria pertenece a la Newmont Mining Co., con sede en Estados Unidos. Es propietaria del proyecto Minas Conga, para la extracción de oro, que se paralizó después que fuerzas de seguridad dieran muerte a cinco personas durante protestas en 2012.

Cada vez que se impone un tipo de impuesto escondido, como esta contribución al OEFA, se afecta la sustentabilidad de Yanacocha, dijo el gerente general Javier Velarde.

Dirigentes indígenas en la zona amazónica afirman que sus comunidades serán las que más pierdan con la nueva ley.

El OEFA impuso el año pasado la mayor multa en la historia del país —equivalente a 14 millones de dólares) a Pluspetrol, con sede en Argentina, por contaminar franjas de selva debido a lo cual se enfermaron personas, alegaron dirigentes indígenas.

Sin embargo, la mayoría de las multas han sido relativamente modestas.

Aunque una nueva ley promulgada el año pasado elevó las multas más altas al equivalente de 40 millones de dólares, el director del OEFA, Hugo Gómez, dijo que es rara la aplicación de estas sanciones severas, ante la imposición de 941 sanciones a un promedio equivalente a 90.000 dólares en el tiempo que ha funcionado el organismo.

Algunas infracciones ni siquiera han resultado en sanciones económicas.

Un ejemplo es la mina de cobre Toromocho, de propiedad china, construida a un costo de 4.800 millones de dólares, que Humala inauguró en diciembre y que el ministro de Finanzas y Economía, Luis Miguel Castilla, dijo que incrementará este año medio punto porcentual el Producto Interno Bruto del país.

El OEFA ordenó en marzo a Toromocho que suspendiera operaciones después de detecta vertidos "ácidos" de efluentes en dos lagunas de montaña. Dos semanas después, autorizó la reanudación de las actividades.

Con la nueva ley, el OEFA carecerá de facultades para paralizar el proyecto, dijo De Echave.