En Perú, los delitos de corrupción podrían juzgarse de por vida

El Congreso de Perú aprobó el miércoles en primera instancia una ley que declara imprescriptibles los crímenes de corrupción, en momentos en que la justicia investiga al expresidente Alejandro Toledo y exfuncionarios por recibir millonarios sobornos de la brasileña Odebrecht.

La norma fue aprobada por unanimidad, pero para entrar en vigencia debe ser ratificada por una nueva votación en la siguiente legislatura parlamentaria, que inicia a fines de julio.

"Es un mensaje muy claro (del Congreso) para cerrar el círculo de varias denuncias sobre funcionarios que no eran castigados. Ya no hay período de tiempo válido, aquí el delito no muere, no prescribe, y va a tener que ser perseguido hasta que se cumpla la sanción", dijo a la prensa Luz Salgado, presidenta del Congreso.

Miguel Angel Torres, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, recordó que Perú pierde 10.000 millones de soles anuales (unos 3.100 millones de dólares) por casos de corrupción.

"Ese es el cálculo que estima la Procuraduría Anticorrupción como resultado de la actividad contra la administración pública y el patrimonio del Estado", dijo el parlamentario de la agrupación Fuerza Popular, cuyo líder, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), está preso por crímenes de corrupción y lesa humanidad.

Torres explicó que la imprescriptibilidad "no será solamente para el corrompido sino para el corruptor".

El legislador oficialista Salvador Heresi, presidente de la Comisión de Justicia, recordó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se comprometió a luchar contra este delito. El gobierno ya aprobó una norma que declara la muerte civil para funcionarios corruptos, que implica que no vuelvan a trabajar para el servicio público.

"Luego que se apruebe en una segunda legislatura, se tiene que elaborar el reglamento para tipificar la gravedad de los delitos, y aún falta varias normas para combatir la corrupción en el país", explicó el congresista y vocero del izquierdista Frente Amplio, Marco Arana, cuya bancada, según dijo, fue una de las primeras en plantear una ley con este tipo de medida.

La constructora brasileña Odebrecht admitió que pagó 29 millones de dólares en sobornos entre 2005-2014 en Perú para hacerse de obras públicas. El expresidente Alejandro Toledo es buscado por la justicia, acusado de recibir 20 millones de dólares a cambio de entregar la concesión de una carretera.

La justicia también tiene presos a tres exfuncionarios del gobierno del exmandatario Alan García, entre ellos un exviceministro, acusados de recibir coimas para favorecer a Odebrecht con la construcción de una línea de metro en Lima.