Bolivia promulga una ley que busca una Justicia más ágil y transparente

El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó este viernes una ley que busca modernizar la Justicia del país para hacerla más ágil, transparente y respetuosa con los derechos humanos, en especial hacia los presos y las mujeres y menores víctimas de violencia.

"Basta de una justicia casuista, ritualista y deshumanizada", aseveró el ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, en la promulgación en Sucre, capital del país y sede del Poder Judicial, de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres.

El ministro destacó los principales ejes de esta reforma, como la simplificación de notificaciones procesales a través de un "buzón electrónico", para ahorrar "tiempo y dinero" en los trámites con abogados y sus defendidos.

Otra de las claves es la limitación de la detención preventiva, cuyo abuso conlleva que las cárceles bolivianas estén saturadas a un 330 por ciento por encima de su capacidad, con reos que esperan largamente sentencia para luego incluso ser absueltos.

"La aplicación de la detención preventiva es la regla y no la excepción", advirtió Arce, por lo que la ley limitará su duración y primará la presunción de inocencia, además de que las embarazadas o quienes tengan menores a su cargo quedarán al margen.

Otra novedad es que los procesos judiciales serán todos orales, registrados en audio y video, para acabar con transcripciones "de actas, testimonios y juicios que toman semanas" y retardan la Justicia, comentó.

"Todo ese sistema escriturado antiguo será anulado", sentenció.

"El gran problema de la administración de la Justicia penal es la constante suspensión de audiencias", advirtió, por lo que la ley establecerá días y horas de forma extraordinaria para que los juicios "comiencen y concluyan".

"Ya no se suspenderán audiencias indiscriminadamente, porque los jueces que lo hagan han de tener responsabilidades", agregó.

La nueva norma entrará en vigor el próximo 30 de septiembre, para dar un plazo de adaptación a todo el sistema, desde la Policía hasta la administración de Justicia.

Por su parte, el presidente del país aseguró que Bolivia tiene que llevar a cabo sus reformas sin ayuda del exterior, en este caso para una "profunda transformación de la Justicia", porque las normas "hay que adecuarlas a las necesidades del pueblo".

La presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, Adriana Salvatierra, dijo a los medios en La Paz que uno de los objetivos es "descongestionar cárceles" y reforzar la protección de la mujer.

Según la Policía Boliviana, se reportaron 26 feminicidios y cuatro infanticidios este año hasta comienzos de abril en Bolivia, donde muchas denuncias por violencia familiar se cierran mediante conciliaciones entre las partes, pero muy pocas llegan a sentencia.

Por ello, la ley prevé que en un máximo de 24 horas se decreten medidas de protección a la víctima, en vez de tener que esperar días, para evitar que el agresor siga en su domicilio o su entorno.

Los jueces que traten estos casos podrán conceder el divorcio y la custodia de los hijos si lo reclama la mujer que denuncia.

La ley fue promulgada ante autoridades de los tribunales Supremo y Constitucional, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Magistratura de Bolivia.