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El Congreso de Chile aprobó este martes la mayor parte de una megarreforma económica impulsada por el gobierno, con la que busca cambiar el rumbo económico del país y atraer nuevas inversiones, una de las principales promesas del presidente ultraderechista José Antonio Kast.
El proyecto ha enfrentado una fuerte resistencia de la oposición, que sostiene que favorece principalmente a los sectores de mayores ingresos y que podría reducir los recursos destinados a programas de asistencia social.
La iniciativa contempla diversos beneficios tributarios, entre ellos una reducción gradual del impuesto a la renta de las grandes empresas, que pasará del 27% al 23%, acercándose al promedio de los países desarrollados.
"Tenemos la reforma (...) aprobada en lo que es lo esencial", declaró a la prensa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la votación en el Congreso.
Solo queda pendiente la discusión de una última disposición en el Parlamento para que la ley pueda ser promulgada.
"Chile ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica; ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones", agregó el ministro.
Según el politólogo Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, la medida representa un giro en la política económica del país.
"Desde 2014, la discusión económica y tributaria en Chile siempre había estado enfocada en un aumento en la tasa de impuestos", explicó a la AFP.
La izquierda no logró reunir los votos suficientes para bloquear la megarreforma, integrada por cerca de 50 artículos.
Los sectores opositores cuestionan el impacto que tendría la disminución de la recaudación fiscal sobre el financiamiento de programas sociales.
"Es un retroceso. Esta reforma es nefasta para todos nosotros, para la salud, para la educación y para las ayudas sociales que han aportado mucho y que ha costado sostener durante muchos años", opinó María Cáceres, guardia de seguridad de 43 años, en Santiago.
La oposición también critica el congelamiento de las condiciones tributarias durante 20 años para inversiones superiores a 350 millones de dólares, así como la obligación del Estado de reembolsar gastos de inversión a empresas cuyos permisos ambientales sean revocados posteriormente por la justicia.
De acuerdo con la firma Cadem, el 56% de los chilenos está en desacuerdo con la reducción de impuestos a las empresas.
Para intentar frenar parte de las rebajas tributarias, la oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional, una acción que podría retrasar la promulgación de la ley.
La aprobación de la reforma representa un importante respaldo político para José Antonio Kast, de 60 años, cuya popularidad había mostrado una tendencia a la baja en las encuestas.
En paralelo, el gobierno redujo su proyección de crecimiento económico anual de 4% a 3,5% para 2030, cuando concluirá el actual mandato presidencial.
Pese a las críticas, quienes respaldan la iniciativa confían en que tendrá efectos positivos sobre la economía y el empleo.
"Si tú le rebajas los impuestos (...) a la gente que viene a invertir a Chile y les das una seguridad, ellos invierten, y eso significa trabajo", afirmó a la AFP Bernardo Romero, comerciante de 65 años del centro de Santiago.