Ministro de Energía y Minas de Perú renuncia tras revelarse una asesoría a Odebrecht

Ministro de Energía y Minas de Perú renuncia tras revelarse una asesoría a Odebrecht
Ministro de Energía y Minas de Perú renuncia tras revelarse una asesoría a Odebrecht / EFE
Efe
10 de febrero 2020 - 16:36

Lima/El ministro de Energía y Minas de Perú, Juan Carlos Liu, renunció este lunes tras revelarse que su empresa prestó servicios a la brasileña Odebrecht cuando él trabajaba como asesor y como consultor de dicha cartera y tuvo la responsabilidad de elaborar un informe sobre la necesidad del proyecto Gasoducto Sur.

Un proyecto que fue adjudicado a un consorcio liderado por Odebrecht en 2014 y que el Estado peruano decidió cancelar en 2017, motivo por el cual ahora Odebrecht ha solicitado un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, y exige una reparación de 1.200 millones de dólares.

La renuncia de Liu la confirmó este lunes el presidente Martín Vizcarra, quien señaló que "ante las denuncias que se han dado, hoy día temprano (lunes), en la mañana, nos hemos comunicado y se ha tomado la decisión de aceptar su renuncia".

Asimismo, aseveró en declaraciones a la prensa que las denuncias reveladas el domingo en el programa dominical Panorama, contra el ministro, merecen una investigación que determine el nivel de responsabilidades.

ASESOR DEL ESTADO Y DE ODEBRECHT

Según el informe de Panorama, Juan Carlos Liu trabajó como asesor del Ministerio de Energía y Minas entre el 2010 y 2014, periodo en el que demás realizó consultorías externas tanto para dicha cartera, a través de su empresa Conasac, como para Odebrecht.

"Prestamos en algunos momentos algunos servicios a Odebrecht, pero eran de naturaleza regulatoria", sostuvo Liu en el reportaje emitido el domingo.

No obstante, el informe reveló que Liu fue autor en diciembre de 2012 de un documento para definir si el proyecto del gasoducto del sur era cofinanciado o autosostenible.

El documento, titulado "Proyecto mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del gasoducto sur peruano", fue presentado en enero de 2013 por el entonces ministro del sector Jorge Merino, al director de Pro Inversión, y además solicitó que sea incluido en el proceso que dio origen a la licitación del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Merino es actualmente investigado por el equipo Lava Jato por la presunta comisión del delito de colusión, en el marco del escándalo de corrupción del Odebrecht en Perú.

REUNIÓN CON ODEBRECHT

Liu declaró que no conoce a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, pero señaló que, durante su gestión, sí ha mantenido reuniones con algunos funcionarios de Odebrecht, antes de que la empresa presentara la demanda arbitral.

Mediante un comunicado difundido este lunes, el exministro sostuvo que la información difundida por el dominical ya era de conocimiento público y descartó que el informe fuera el sustento de la "concreción del proyecto".

"Es falso que este informe fuera el sustento para la concreción del proyecto y menos que haya sido el eje central y determinado su viabilidad, como se quiere presentar. Tampoco abordó otras variables de la demanda o reservas de gas ni trató ningún otro aspecto", apuntó.

UN PROYECTO DE 7.000 MILLONES DE

El GSP, el mayor proyecto de masificación de gas natural en el país, contempla la implementación de 1.000 kilómetros de tuberías que deben partir del yacimiento de Camisea, en la selva sureña del Cusco, hasta la costa del Pacífico.

El proyecto fue adjudicado en junio de 2014, durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), por más de 7.000 millones de dólares a un consorcio conformado por Odebrecht, la española Enagás y la peruana Graña y Montero, en una licitación que fue investigada porque hubo un solo postor en lista, tras haberse descalificado a su único rival en medio de acusaciones de irregularidades.

DE COLABORADOR EFICAZ A DEMANDANTE

La demanda contra Perú ante el Ciadi, llega cerca de un año después de que Odebrecht firmara un acuerdo de colaboración eficaz, que brinda beneficios judiciales y penitenciarios por colaborar con las autoridades, dentro de las investigaciones del caso Lava Jato.

Como parte de estas, el equipo fiscal del caso ha venido realizando interrogatorios a sus exdirectivos, quienes han reconocido los pagos ilícitos a diversas autoridades peruanas para la adjudicación del proyecto GSP.

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