El fiscal general de Perú se queda sin apoyo tras cesar a los fiscales del caso Odebrecht

El cuestionado Fiscal de la Nación (fiscal general) de Perú, Pedro Chávarry, se quedó hoy sin el apoyo de la junta de fiscales supremos, máximo órgano de la Fiscalía, para continuar en el cargo después de la polémica destitución y posterior reposición de los dos principales fiscales del caso Odebrecht.

En una reunión celebrada hoy, los otros cuatro fiscales supremos que componen junto a Chávarry ese órgano le solicitaron que dimita, a lo que este respondió que iba a darse un tiempo para reflexionarlo, según explicó al Canal N el fiscal supremo Tomás Gálvez.

"La diferencia respecto a las veces anteriores es que en esta ocasión el pedido ha sido expresado por los cuatro miembros de la junta, y no solo por dos", indicó Gálvez.

Chávarry está cuestionado por sus vínculos con una red de corrupción judicial descubierta en el seno de la judicatura peruana y por su cercanía con el fujimorismo, el mayor partido de la oposición, y el Partido Aprista, principal aliado político del fujimorismo.

Pese a los reiterados pedidos de dimisión del presidente de Perú, Martín Vizcarra, seguía hasta ahora al frente de la Fiscalía gracias al apoyo de los fiscales Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, que también aparecen en el mismo caso de corrupción, mientras que Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos fueron contrarios desde el primer momento.

En caso de que continúe sin dimitir, Gálvez detalló que es posible destituirlo mediante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) o el Congreso.

Sin embargo, el CNM fue desarticulado por ser parte de la red de tráfico de influencias, favores y prevaricación que tenía relación con Chávarry, y en el Congreso, el fujimorismo mantiene hasta ahora paralizadas una serie de denuncias constitucionales gracias a la mayoría con la que dirige el parlamento.

Sobre el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno para declarar en emergencia la Fiscalía, Gálvez aseguró que "es abiertamente inconstitucional" porque supondría una intervención de otro poder del Estado.

El proyecto fue presentado como respuesta a la decisión de Chávarry de cesar el 31 de diciembre por la noche a los dos principales fiscales a cargo del caso Odebrecht, en el que están imputados cuatro expresidentes y la líder opositora Keiko Fujimori.

La indignación ciudadana, que fue acompañada de protestas en todo el país, y la negativa a asumir el cargo por parte de los fiscales que debían reemplazar a los cesados obligaron a Chávarry a dar marcha atrás y reponer a los investigadores que previamente había destituido 48 horas antes.

La polémica se produjo cuando los fiscales ya tenían programada la fecha para firmar el acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con la constructora brasileña Odebrecht, que permitiría dar un espaldarazo a las investigaciones.

El caso tiene al expresidente Alejandro Toledo pendiente de que se resuelva un pedido de extradición a Estados Unidos, a Ollanta Humala con diez meses en prisión preventiva entre 2017 y 2018, y a Alan García y Pedro Pablo Kuczynski impedidos de abandonar el país.

Asimismo, Keiko Fujimori se encuentra desde noviembre pasado en prisión preventiva por un presunto blanqueo de dinero de fondos de Odebrecht para financiar sus campañas electorales.

Perú es uno de los doce países latinoamericanos donde Odebrecht reconoció haber pagado sobornos a cambio de adjudicarse millonarios contratos en obra pública, lo que en este caso ocurrió entre 2005 y 2014, y fueron acompañados de donaciones irregulares para las campañas presidenciales de los principales líderes políticos.