Supremo brasileño niega que un juicio político sea un golpe

Varios magistrados de la Corte Suprema de Brasil han salido al paso a las declaraciones de la presidenta, Dilma Rousseff, para aclarar que un juicio político "no es un golpe" y está contemplado en la Constitución nacional.

"No se trata de un golpe. Todas las democracias tienen mecanismos de control y el juicio político es uno de ellos", dijo hoy al canal de televisión Globo José Antonio Dias Toffoli, uno de los miembros del Tribunal Supremo.

Dias Toffoli aclaró que, en el proceso iniciado contra Rousseff, "el juez primario es la Cámara de Diputados y luego el Senado" y que "cualquier cosa que pueda estar fuera de las normas legales puede apelarse ante el Supremo, para que lo enmarque en la Constitución".

Rousseff, en los últimos días, ha insistido en que el trámite iniciado en el Parlamento de cara a un posible juicio con miras a su destitución intenta alterar el orden democrático y supone un "golpe" contra el mandato que le dieron las urnas, pues en el proceso no está presente ninguna causa tipificada en la Constitución.

La magistrada Carmen Lúcia Antunes Rocha, también miembro de la Corte Suprema, coincidió con Dias Toffoli y dijo creer que Rousseff "debe haber dicho que si no se cumple la Constitución puede haber un desbordamiento" de la legalidad, pero aclaró que no es el caso.

"Un proceso de 'impeachment' no es un golpe", indicó en alusión a la figura del derecho anglosajón usada en la legislación brasileña para definir el juicio político.

Antunes Rocha señaló que "lo que no se puede es incumplir las reglas constitucionales", pero subrayó que para resolver todas las dudas que puedan surgir en el proceso está el Tribunal Supremo, que es la corte constitucional de Brasil.

La misma opinión expresó el expresidente del Supremo Carlos Ayres Britto, quien sostuvo que un golpe de Estado "sería una fractura de la Constitución", que no percibe en el actual escenario brasileño.

Ayres Britto explicó que la Constitución, en los artículos 85 y 86, definen que un jefe de Estado "puede perder el cargo mediante un proceso de 'impeachment', en una acción penal común o con una acción de falta de probidad administrativa" y que "nada de eso es golpe".

El exmagistrado apuntó que, de acuerdo a la Constitución, "la legitimidad de un presidente depende de dos factores: su investidura y el ejercicio del cargo".

La investidura, añadió, es "la voz de las urnas, pero ella no es suficiente", porque "está el ejercicio del cargo, en el que un jefe de Estado debe legitimarse todo el tiempo" para no incurrir en los casos que plantean los artículos 85 y 86 de la Constitución.

La oposición acusa a Rousseff de un "delito de responsabilidad" enmarcado en una "falta de probidad administrativa" que identifica en unas maniobras contables que el Gobierno hizo para maquillar sus resultados fiscales y que pasaron por ocultar millonarias deudas con la banca pública.

Ayres Britto consideró que se trata de un "tema polémico", sobre todo porque el grueso de la acusación se refiere al año 2014 y, por tanto, al mandato anterior de Rousseff, quien fue reelegida para un nuevo período ese mismo año.

Indicó que la Constitución data de 1988 y que entonces no estaba contemplada la figura de la reelección, introducida en 1997.

En ese marco, explicó que el artículo 85 que pudiera aplicarse a Rousseff y se refiere a los "delitos de responsabilidad" tiene "el verbo en presente" y habla de situaciones "que atenten contra" el orden administrativo y no "que atentaron".

Según Ayres Britto, si Rousseff "no hubiera sido reelegida no sería procesada por un delito de responsabilidad, ya que ello se refiere a un mandato actual".