TVN Noticias Edición Estelar
En vivo
El presidente de Argentina, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio contra el país, una medida que aún deberá ser revisada por el Congreso y que, según expertos, abre la puerta a la discrecionalidad.
La nueva normativa, publicada hacia la medianoche del miércoles, establece la expulsión y la cancelación de la residencia para los extranjeros que incurran en estas conductas.
El Congreso argentino deberá evaluar la validez del decreto, que permanecerá vigente mientras avanza el trámite legislativo.
"El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es", afirmó a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último".
Además, contempla sanciones para quienes hayan "realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales" o hayan incitado a cometer esos actos.
No obstante, Galoppo advirtió que el decreto no define qué constituye un discurso de odio, cómo será detectado, bajo qué criterios se evaluará ni cómo se identificará a sus responsables, lo que, a su juicio, deja amplios márgenes para decisiones arbitrarias.
"Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios", agregó.
La medida generó rechazo en sectores de la oposición. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), aseguró en X que "el DNU del presidente es inconstitucional" y consideró que el Congreso debe rechazarlo expresamente.
Por su parte, el diputado peronista Agustín Rossi sostuvo que, "excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes", y afirmó que el decreto "replica la lógica antiinmigración" del presidente estadounidense Donald Trump.
Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración, garantizando igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, además de derechos civiles protegidos por la Constitución.
"Da un poco de miedo, espero que esto no avance", expresó a la AFP Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. "Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando", añadió.
El presidente Milei, quien buscará la reelección en 2027, impulsó la medida luego de denunciar una supuesta "campaña antiargentina", de la que no presentó pruebas.
Según el mandatario, esta campaña estaría financiada por los gobiernos de Brasil y México, así como por el Partido Demócrata de Estados Unidos, en aparente referencia a críticas viralizadas en redes sociales durante el Mundial de fútbol.
Para el politólogo e investigador de la Universidad Nacional de San Martín, Iván Schuliaquer, Milei busca obtener rédito político en un contexto económico complejo.
"Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población", explicó.
Schuliaquer también señaló que la derecha argentina liderada por Milei no se caracteriza por un discurso nacionalista, recordando que el mandatario ha promovido medidas favorables a la compra de tierras por extranjeros y ha priorizado sus viajes a Estados Unidos e Israel.
El decreto aclara que "en ningún caso" las sanciones podrán aplicarse a expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, al considerar que forman parte del ejercicio legítimo de los derechos constitucionales.
Actualmente, Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un acto político opositor en São Paulo, donde calificó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "ladrón" y "presidiario".
El mandatario argentino también suele utilizar insultos y expresiones despectivas en sus discursos. A la prensa la ha llamado "ensobrada", mientras que a sus opositores los ha calificado de "mandriles", "inmundos" y "parásitos mentales".
"Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica, por ejemplo, los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión", concluyó Schuliaquer.