Una nueva ola de acusaciones por corrupción podría sacudir a Brasil
A la espera de que una nueva ola de acusaciones de corrupción impacte en Brasilia de un momento a otro, el presidente Michel Temer se ha construido un búnker para limitar el potencial nocivo que las temidas confesiones de la cúpula de Odebrecht pueden tener sobre su gobierno.
La operación Lava Jato, que reveló el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, lleva sacudiendo a las élites políticas y económicas del país desde hace casi tres años. Pero lejos de calmarse, se espera una nueva escalada próximamente.
Los fiscales están investigando si Temer y muchos otros políticos -varios pertenecientes a su partido, el centrista PMDB-, participaron en la red de sobornos y desvíos multimillonarios de fondos públicos desde la petrolera estatal para financiar sus campañas electorales.
El presidente y algunos de sus aliados están entre los implicados en las confesiones que realizaron 77 exejecutivos de Odebrecht, la constructora que armó un departamento secreto para sobornar a políticos, a cambio de que se reduzcan sus penas.
Las "delaciones del fin del mundo" -como se conocen por su potencial explosivo-, siguen bajo secreto judicial, pero pueden ser divulgadas pronto por el Supremo Tribunal Federal (STF).
"La cercanía del tsunami llevó al gobierno a poner en marcha el plan de emergencia", afirmó Bernardo Mello Franco, columnista del diario Folha de Sao Paulo.
"La orden es reforzar los diques y tratar de proteger a los amigos con boyas y chalecos salvavidas", afirmó.
Protegiendo al presidente
Según un testimonio filtrado, el entonces vicepresidente Temer pidió a Odebrecht en 2014 que diera al PMDB millones de dólares en fondos para campañas.
Temer niega cualquier implicación y un mandatario en ejercicio no puede ser procesado por delitos que supuestamente ocurrieron antes de asumir su cargo. Pero, con otro gran número de políticos potencialmente implicados, el escándalo puede ser enorme. Tanto que la fiscalía estima que el número de investigados en la causa puede duplicarse.
Cuando el relator del caso en el STF, Teori Zavascki, murió en un accidente de avión en enero, muchos se preocuparon por el futuro de la Operación Lava Jato, mientras otros se preguntaban si el siniestro -que ocurrió justo cuando las delaciones de Odebrecht se estaban homologando- fue realmente un accidente.
El STF, sin embargo, parece determinado a seguir adelante y los analistas afirman que el círculo más cercano de Temer está luchando para obtener todas las ventajas que pueda.
Esta semana, por ejemplo, el presidente nombró a una figura de perfil muy político para ocupar el puesto de Zavascki en la STF: su hasta entonces ministro de Justicia, Alexandre de Moraes.
"Temer no está siendo sutil", afirmó la columnista del diario O Globo Miriam Leitao, para quien el mandatario "quiere asegurarse al menos un voto [en la Corte] a su favor".
Poco antes, Temer había elevado al rango de ministro a uno de sus colaboradores más cercanos, Wellington Moreira Franco, designándolo al frente de la Secretaría General de la Presidencia.
El ascenso fue inmediatamente criticado como una maniobra para darle fueros a este veterano político -que como muchos otros ha sido citado en la Operación Lava Jato- y alejarle así del alcance de los tribunales de primera instancia como el del juez emblema de la lucha anticorrupción, Sergio Moro.
El nombramiento generó una batalla entre magistrados que se cruzaban pareceres opuestos sobre si Moreira podía asumir o no su cargo, dejando finalmente la decisión para la corte suprema.
Tensión en Brasilia
Pero el gobierno no es el único que se está poniendo nervioso ante las esperadas confesiones de Odebrecht.
Los recién elegidos presidentes del Senado, Eunicio Oliveira, y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, también han sido implicados en la Operación Lava Jato, como también lo fueron sus predecesores, Renan Calheiros y Eduardo Cunha.
Maia atrajo los focos esta semana por haber intentado tramitar una ley para reducir el castigo a los partidos que acepten donaciones sospechosas.
El magistrado de la corte suprema Gilmar Mendes -visto en ocasiones como más reticente que otros a la Operación Lava Jato- acusó al Congreso de elaborar una ley que "dará impunidad a los partidos políticos que malversen fondos públicos" y Maia acabó dando marcha atrás rápidamente.
David Fleischer, profesor emérito de la Universidad de Brasilia, describe la situación en los centros políticos de la capital como "a la espera del fin del mundo". Y "todo el mundo está construyendo cortafuegos", añadió.
