ONU alerta sobre normas que podrían socavar libertad de expresión
El Comité vela por la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y tras revisar el caso de Ecuador el pasado 28 de junio, hoy publicó sus conclusiones finales sobre dicho examen.
En ellas, el Comité expresa su preocupación por que "algunas disposiciones legales y prácticas podrían tener el efecto de desalentar la expresión de posiciones críticas o la publicación de información crítica en los medios de comunicación y redes sociales sobre asuntos de interés público y que podrían afectar negativamente al ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión".
"Al respecto, le preocupa la información que indica que la Ley Orgánica de Comunicación contiene algunas disposiciones que podrían afectar el pleno ejercicio de ese derecho, incluyendo la imposición de algunas obligaciones que queden resultar ambiguas o desproporcionadas".
El texto cita como ejemplo la obligación de los medios de comunicación de "cubrir y difundir los hechos de interés público" o la prohibición de difundir información "con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública" ("linchamiento mediático"), y cuyo incumplimiento podría dar lugar a severas sanciones".
Los expertos del Comité, asimismo, dijeron que les preocupan las alegaciones que indican que algunas personas que criticaron al Gobierno, incluyendo periodistas y usuarios de redes sociales, "habrían sufrido acoso y amenazas anónimas luego de ser mencionadas específicamente por oficiales del Gobierno en medios públicos y que se utilizaría el sistema judicial para silenciar la crítica a través de la presentación de demandas".
"El Estado parte debe ofrecer protección efectiva a todas aquellas personas que sean objeto de actos de acoso o amenazas por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión y asegurar que todas las alegaciones relativas a actos de esa naturaleza se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia", expresan las conclusiones.
Precisamente, con respecto al ámbito judicial, el Comité se lamenta "sobre la utilización frecuente del sistema judicial para generar duras sentencias contra críticos del gobierno y miembros de la oposición de una manera que pone su imparcialidad en cuestión".
"El Estado parte debe incrementar sus esfuerzos con miras a asegurar y proteger la plena independencia e imparcialidad de la judicatura, garantizando que pueda desempeñar sus funciones judiciales sin ningún tipo de presiones o injerencias".
Por otra parte, los expertos en derechos humanos también alertan sobre las denuncias de intervencionismo del Estado en organizaciones sociales.
"Al Comité le preocupa la información de que la legislación del Estado parte contiene disposiciones que permiten disolver organizaciones sociales con base en causales que podrían resultar muy amplias o ambiguas tales como 'dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral'".
Con respecto a los pueblos indígenas, los expertos ensalzan el hecho de que se hayan otorgado concesiones petrolíferas en territorios ancestrales en 2016 sin haber procedido a la consulta previa de las comunidades afectadas.
Finalmente, el Comité insta a Ecuador a ampliar los supuestos en los que la interrupción voluntaria del embarazo es legal y a "incrementar sus esfuerzos con miras a garantizar que las mujeres y las adolescentes puedan acceder a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva en todo el país".
