El plan militar de la ultraderecha divide a Colombia en vísperas del balotaje

En vísperas de las elecciones presidenciales en Colombia, el ascenso de la ultraderecha ha generado inquietud en sectores del país marcados por décadas de conflicto armado. Su principal promesa de campaña es una ofensiva militar sin precedentes contra las guerrillas y el narcotráfico, con el respaldo de Estados Unidos e Israel.

El abogado Abelardo de la Espriella se ha convertido en uno de los favoritos en las encuestas gracias a un discurso de mano dura frente a los grupos armados ilegales que operan en distintas regiones del país.

El candidato, inspirado en las políticas de Donald Trump y del presidente salvadoreño Nayib Bukele, propone intensificar los bombardeos contra organizaciones criminales mediante decretos presidenciales. Incluso ha anunciado que firmaría 90 decretos en sus primeras 16 horas de gobierno.

Además, defiende medidas como el porte de armas para civiles y la construcción de megacárceles, propuestas que han encontrado respaldo entre ciudadanos cansados de la inseguridad y decepcionados con la gestión del presidente Gustavo Petro.

Durante los últimos cuatro años, Petro apostó por la llamada "paz total", una estrategia basada en negociaciones con grupos armados para lograr su desmovilización. Sin embargo, el proceso no produjo los resultados esperados y, según diversos analistas, algunas organizaciones aprovecharon los diálogos para fortalecerse.

De la Espriella rechaza cualquier negociación futura y asegura que los grupos ilegales solo tendrán dos opciones: "la cárcel" o terminar en "una bolsa de plástico".

El próximo domingo se enfrentará en segunda vuelta al senador izquierdista Iván Cepeda, quien defiende la continuidad de los procesos de diálogo. Las encuestas anticipan una elección muy reñida.

Debate sobre seguridad y paz

La propuesta del candidato ultraderechista ha provocado reacciones entre figuras clave del proceso de paz colombiano.

El expresidente Juan Manuel Santos, ganador del Premio Nobel de la Paz por el acuerdo firmado en 2016 con las extintas FARC, expresó su respaldo a quienes defienden ese proceso.

Aunque ha sido crítico de la estrategia de Petro, Santos sostiene que seguirá defendiendo el legado del acuerdo de paz.

Militares retirados consultados por AFP reconocen el deterioro de la seguridad en varias regiones del país, pero advierten que una respuesta exclusivamente militar podría no resolver el problema.

"No creo que sea viable una solución únicamente por vía de confrontación armada", afirmó el exalmirante Pablo Romero.

Por su parte, el excomandante del Ejército Ricardo Gómez considera necesario analizar por qué los diálogos recientes no dieron resultados, aunque advierte que cualquier futuro gobierno deberá combinar herramientas de confrontación y negociación.

Temor en las regiones golpeadas por la violencia

Mientras De la Espriella concentra gran parte de su respaldo en las ciudades, en varias zonas rurales afectadas por el conflicto existe preocupación por un eventual retorno a estrategias militares más agresivas.

Es el caso de Leonora Ibarra, campesina desplazada del departamento de Guaviare, quien perdió a dos hijos en medio del conflicto armado: uno fue reclutado por las FARC y otro desapareció a manos de grupos paramilitares.

Ante la posibilidad de una nueva ofensiva militar, asegura sentir "miedo" y estar profundamente preocupada.

Ibarra recuerda que durante el gobierno de Álvaro Uribe se lograron importantes golpes contra las guerrillas, pero muchas comunidades rurales también sufrieron las consecuencias de la violencia.

"Murieron muchos familiares, gente que no tenía nada que ver con la guerra", lamentó.

En el departamento del Cauca, una de las regiones más afectadas por las disidencias de las FARC, líderes indígenas también temen un aumento de la violencia.

"La guerra trae más guerra en los territorios y las víctimas en su mayoría son población civil", advirtió Eduin Capaz, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Otra de las propuestas de De la Espriella es eliminar la jurisdicción creada tras el acuerdo de paz de 2016, que permite penas alternativas para quienes reconozcan su responsabilidad en crímenes cometidos durante el conflicto y reparen a las víctimas.

Frente a este panorama, Ibarra resume el temor de muchas familias afectadas por décadas de violencia: "Uno no crió hijos para la guerra, sino para darles vida".