Querellantes piden cuatro años de cárcel para Menem por el encubrimiento de un atentado

Los querellantes en el juicio por el atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994, pidieron hoy cuatro años de prisión para el expresidente de Argentina Carlos Menem (1989-1999) por supuesto encubrimiento terrorista y abuso de autoridad.

Al exponer este lunes en los tribunales federales de la ciudad, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA, brazo político de la comunidad judía local) -que integran la querella "unificada"- solicitaron también que el exmandatario sea inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años.

Los querellantes recordaron que lo consideran autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que concurre con los de "encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de pruebas", respecto de los cuales "Menem deberá responder como instigador".

Asimismo, pidieron tres años de prisión y seis de inhabilitación para el exjefe de Inteligencia Hugo Anzorreguy, como partícipe necesario del delito de encubrimiento, al que se suman los de abuso de autoridad y falsedad ideológica en carácter de autor.

Esta misma pena la solicitaron -según difundieron más tarde en un comunicado- para el destituido juez Juan José Galeano y el excomisario de la Policía Federal Jorge Palacios, entre otros.

El atentado, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá y que acabó con la vida de 85 personas, fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer.

En diciembre, la Unidad Fiscal de Investigación del atentado solicitó la pena de 4 años de prisión para el expresidente.

La DAIA y la AMIA destacaron que fueron "atacadas" en repetidas ocasiones y que, pese a ello, siempre se opusieron a "esa versión revisionista de esta historia según la cual toda la causa AMIA fue un armado arquitectónico".

Sin embargo, "tenemos hoy la certeza de que esa conspiración no existió", señalaron antes de hacer hincapié en que su postura "no es de hoy, no es antojadiza, no responde a ninguna coyuntura ni a ningún interés político", sino que es la que han mantenido "con coherencia" durante años.

"Sabemos perfectamente que, además de luchar por el esclarecimiento del atentado, debemos luchar con sectores que han preferido, una y otra vez, desviar la atención de lo que verdadera y esencialmente importa: saber quiénes y por qué pusieron la bomba, y quiénes los ayudaron", aseguraron los querellantes.

En su alegato, consideraron necesario "empezar a romper de una vez por todas con ese círculo vicioso de impunidad" que, a su juicio, "lo único que hace es dilapidar los logros de la investigación, sembrar confusión e instalar la idea de que en la causa AMIA nunca hubo nada".

"Vivimos en una democracia ya afianzada, pero uno de los pilares republicanos, la justicia independiente, sigue en deuda con la sociedad, y la causa AMIA es el ejemplo más paradigmático y doloroso", aseveraron.

En ese sentido, en la querella se manifestó el deseo de que el tribunal falle conforme a las pruebas que han sido presentadas a lo largo del juicio y que "no dude" en dictar las condenas y las absoluciones que sean necesarias.

De forma paralela a este juicio, la también exmandataria Cristina Fernández (2007-2015) está procesada, junto a otros colaboradores y miembros de su Gobierno, por el presunto encubrimiento a los sospechosos iraníes de cometer el mismo atentado, en un proceso que culminó ya la etapa de instrucción y se elevó a juicio oral, para el que todavía no hay fecha de inicio.