Suspenden los beneficios al ejecutivo que delató a cientos de políticos en Brasil
La Fiscalía anunció hoy la rescisión del acuerdo por el que concedió varios beneficios a uno de los propietarios del gigante grupo cárnico JBS por su colaboración en investigaciones por corrupción que salpicaron a cientos de políticos en Brasil, incluyendo el presidente Michel Temer.
La rescisión del acuerdo judicial con Wesley Batista, controlador junto con su hermano Joesley Batista del grupo JBS, fue anunciada este lunes por la procuradora general de la República, Raquel Dodge, quien alegó que el empresario "omitió de forma intencional en sus delaciones otros hechos criminales de los que tenía conocimiento".
Pese a que el acuerdo quedó inmediatamente suspendido, la decisión final depende del magistrado Edson Fachin, el juez instructor en el Supremo Tribunal Federal (STF) de los procesos abiertos contra autoridades con fuero privilegiado que fueron denunciadas por los dueños de la JBS y a quien la Fiscalía presentó una petición para que refrende la rescisión del acuerdo.
Los hermanos Wesley y Joesley Batista, propietarios de uno de los mayores grupos de producción y exportación de carnes del mundo, recibieron diferentes beneficios. Entre ellos, el perdón judicial y la posibilidad de mantener sus bienes como parte de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía por el que denunciaron a 1.820 políticos a los que les pagaron sobornos.
Las denuncias de los Batista le permitieron a la Fiscalía abrir procesos por corrupción contra numerosas autoridades, incluyendo el propio presidente brasileño, de quien dijeron que le pagaban coimas desde 2010 y que lo siguieron haciendo incluso cuando ya ejercía su mandato presidencial.
Los empresarios presentaron, entre otras pruebas, una comprometedora grabación en la que el actual jefe de Estado escucha y hasta consiente en silencio delitos relatados por el empresario.
Con base en esos testimonios, la Fiscalía denunció el año pasado en dos ocasiones a Temer por supuesta corrupción. El mandatario consiguió librarse de la apertura de sendos juicios penales gracias al apoyo del Congreso, que por imperativo legal le corresponde avalar o no las denuncias contra jefes de Estado en ejercicio del poder.
Pero la Procuraduría dijo haber descubierto que Wesley Batista omitió algunas informaciones en sus delaciones, incluyendo la de los servicios jurídicos que recibía ilegalmente de Marcelo Miller, en la época uno de los fiscales que integraban el grupo que investigaba las denuncias de corrupción.
"Los mensajes (electrónicos) intercambiados dejaron claro que Marcelo Miller prestó importante asesoría al grupo JBS para auxiliarlo en la firma de los acuerdos de colaboración y delación premiada", según un comunicado de la procuradora.
En su petición a la Corte Suprema para que rescinda el acuerdo, la procuradora general Raquel Dodge aclaró que, pese a la suspensión de los beneficios, todas las pruebas de corrupción presentadas por Batista permanecen válidas.
La rescisión del acuerdo se produjo una semana después de que un tribunal le concediera prisión domiciliaria a Wesley Batista. El empresario estaba arrestado desde septiembre pasado por un proceso en el que se le acusa de uso de información privilegiada para beneficiarse en el mercado financiero, el cual no está vinculado a las investigaciones por corrupción.
