Los Sin Techo de Brasil indignados con el plan de ajuste de Rousseff
Como un balde de agua fría: así cayó a miles de brasileños sin techo el plan de austeridad de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, que prevé reducir el gasto en viviendas populares.
Los sin techo constituyen tradicionalmente una de las bases de apoyo del Partido de los Trabajadores, que gobierna Brasil hace 12 años. Pero el anuncio de que para 2016 habrá 990 millones de dólares menos para viviendas generó entre muchos una ola de indignación.
Después de vagar por las calles durante más de dos meses y ser expulsados de las cercanías de los ministerios en la capital de Brasil, unas 450 familias de la periferia ocupan desde hace tres días un hotel de 15 pisos a pocos kilómetros de la residencia presidencial y cerrado hace unos meses.
"De acá solo salimos muertos", asegura a la AFP uno de los ocupantes, Edson Silva, bajo una araña de cristal del hotel Saint Peter.
"El gobierno quiere barrer los problemas sociales debajo de la alfombra", sostiene este líder de un movimiento local disidente del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST).
"¿Quién está pagando la crisis económica? El trabajador. No está doliendo en el bolsillo del banquero, de la burguesía, de la élite. Cada día hay menos empleo, cada día hay menos comida en nuestra mesa", remató.
Indignados
Hundido en una recesión económica que le costó el grado de inversión, a la que se suma una inflación de casi 10% y un desempleo in crescendo, el gobierno anunció el lunes un conjunto de medidas para lograr un presupuesto con superávit fiscal primario para 2016, en vez del déficit previsto hace unos días.
El plan consiste en postergar ajustes salariales y contrataciones del sector público, eliminar 10 de los 39 ministerios y podar gastos en construcción de infraestructura. También contempla reactivar impopulares impuestos y recortar gastos en vivienda y salud.
El anuncio desató una ola de rechazo en la industria, en los movimientos sociales como el MTST y los campesinos sin tierra, en sindicatos afines y opuestos al gobierno y hasta en el Congreso, donde muchos legisladores dudan de su aprobación.
En Sao Paulo, unos 500 integrantes del MTST marcharon en el centro en reclamo de viviendas. Otra manifestación tuvo lugar en Sao Gonçalo, en la periferia de Rio de Janeiro, y una gran marcha de trabajadores y movimientos sociales pretende convocar el viernes a 20.000 personas en Sao Paulo y llamar a una huelga general.
"Estamos todos indignados. ¿Cómo es eso de que van a cortar 'Mi casa, mi vida'?", se pregunta frente a la catedral paulistana Fabiana Lopes, una activista sin techo de 26 años, en referencia al programa del gobierno que ya entregó 2,5 millones de hogares populares.
Fue con la inversión de cientos de millones de dólares en programas como este que el PT consiguió en una década sacar de la pobreza a 40 millones de personas.
"Está todo difícil: el empleo, la vivienda, ¿y ahora además quieren cortar? Con estos recortes nosotros vamos a ser los más perjudicados. Por eso estamos en la lucha. Yo apoyé al PT en el pasado, pero hoy ya no", dice Lopes a la AFP.
Amalia Dos Santos, de 45 años, vive en un terreno ocupado en Sao Paulo y trabaja sirviendo comida en una escuela. "Los recortes empiezan siempre por los pobres. Veremos qué pasa. Tenemos miedo de esta crisis", dice mientras protesta en el centro de la ciudad.
Rousseff entregó justamente este miércoles las llaves de nuevas casas populares en Presidente Prudente, en el interior de Sao Paulo.
El ajuste "es para preservar aquello que es mejor para el futuro de las personas que estamos apretándonos el cinturón, no para acabar con todo", aseguró.
22 millones sin techo
El hotel de tres estrellas ocupado en Brasilia cerró en marzo debido a una disputa judicial entre dueños del edificio, que quedó con las camas tendidas y toda la infraestructura montada.
Tras un periodo de reformas estaba casi listo para volver a abrir, pero ahora, sus inquilinos no son viajeros, sino brasileños sin techo, parte de los 22 millones de personas afectados por este problema en Brasil, equivalente al 10% de la población.
En el lobby del hotel, un ocupante convertido en guardia cela la entrada y salida de cada persona. Algunos salen y regresan con comida, agua, o con el cabello envuelto en una toalla después de tomar baño en la terminal de bus cercana, ya que han cortado el agua en el hotel.
"La vivienda es un derecho constitucional, queremos hacer valer la ley. El gobierno dijo que tiene un terreno, y queremos ese terreno, pero por ahora no nos han dicho nada concreto”, sostiene la joven Yuca Carvalho, de la ciudad periférica de Ceilandia.
Resguardadas en las casi 430 habitaciones, las familias temen la intervención de la policía, después de que la justicia determinara el desalojo.
