Vicepresidente argentino es procesado por corrupción

El vicepresidente argentino Amado Boudou fue procesado por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública como partícipe de una maniobra para apoderarse de la única impresora de billetes de curso legal del país y luego beneficiarse con jugosos contratos con el Estado.

La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien también dispuso un embargo por 25 mil dólares sobre sus bienes, según la resolución publicada este viernes en la noche en el sitio oficial del Poder Judicial.

Boudou, quien se encuentra de gira en Centroamérica, es el primer vicepresidente en la historia del país procesado en el ejercicio de la función pública y se expone a una condena de entre uno y seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El juez Lijo no le dictó la prisión preventiva a Boudou, quien así puede aguardar el juicio en libertad. Sin embargo, el magistrado advirtió que podría disponer restricciones en sus movimientos si lo considerara necesario.

Según Lijo, el segundo juez que tuvo a su cargo la causa, Boudou "conjuntamente con su socio y amigo, José María Núñez Carmona, y de forma desdoblada con división de funciones, hizo uso de su condición de alto funcionario público para adquirir el 70% de la calcográfica Ciccone, que luego contrataría con el Estado Nacional para la impresión de papel moneda de curso legal".

Tras conocerse el fallo, crecía la expectativa sobre la actitud que adoptaría la presidenta Cristina Fernández respecto a su segundo en la línea sucesoria. La mandataria no se ha expresado sobre la causa Ciccone, aunque varios de sus funcionarios y aliados lo defendieron públicamente.

Desde hace tiempo, líderes opositores reclaman a Boudou que se tome licencia para enfrentar a la justicia y adelantaron que en caso de quedar procesado impulsarán en el Congreso su juicio político.

Boudou ha dicho que es inocente y víctima de una maniobra de grupos económicos concentrados que vieron afectado sus intereses por las políticas populistas del gobierno kirchnerista.