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Panamá/En las últimas horas se produjo la salida de 959 personas privadas de libertad de distintos centros penitenciarios del país, una cifra menor a la lista preliminar de candidatos divulgada semanas atrás por el Ministerio de Gobierno, luego de la publicación en Gaceta Oficial del Decreto Ejecutivo N.° 15 del 26 de mayo de 2026, firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino
El documento, publicado este martes en Gaceta Oficial, deja fuera a 228 privados de libertad que inicialmente aparecían entre los 1,187 candidatos anunciados a finales de abril.
Entre quienes no recibieron el beneficio, figura la abogada Mayra Evelia Hall Conte, sentenciada a 33 años de prisión por el asesinato del exgobernador de la provincia de Coclé, Darío Fernández, hecho ocurrido el 6 de noviembre de 2011 en Penonomé. Hall Conte permanece detenida desde hace menos de 13 años; es decir, que no cumplía con lo establecido por norma para recibir el beneficio, haber cumplido las dos terceras partes; además, de la presentación de oposición a la medida por parte de las víctimas.
La rebaja de pena alcanza a internos de centros penitenciarios como La Joya, La Joyita, La Nueva Joya, El Renacer y Tinajitas, el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiai, Centro penitenciario Llano Marín y cárcel pública de Aguadulce, la de Penonomé en Coclé, así como las cárceles públicas de Santiago, Las Tablas, Deborá en Bocas del Toro, el Centro Penitenciario Monte Esperanza de Colón y el Centro Penitenciario de Chiriquí.
Durante un acto oficial, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, pidió a los favorecidos no reincidir en delitos y aprovechar “la segunda oportunidad” otorgada por el Estado. Por su parte, el director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, sostuvo que la medida busca fortalecer la reinserción social de los privados de libertad.
En el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, varias mujeres beneficiadas reaccionaron entre lágrimas y abrazos al conocer que podrán recuperar su libertad y reencontrarse con sus familias.
La medida se sustenta en el artículo 184 de la Constitución y en la Ley 19 de 2010, que faculta otorgar este tipo de beneficios a condenados por delitos comunes que cumplan con los criterios establecidos por el sistema penitenciario.