Recomiendan pronta ejecución de medidas de sanidad dentro de centros carcelarios

La detección de los dos primeros casos de COVID-19 en una cárcel de Nueva Esperanza en Colón, ha encendido las alarmas tanto de familiares de los privados de libertad, así como de abogados, quienes hacen un llamado para que se tomen las medidas correspondientes.

En ese sentido, el abogado Carlos Herrera Morán expresó que el Estado debe velar por el bienestar de todos los ciudadanos y entre ellos están incluidos los más de 17 mil privados de libertad que hay en el país.

Resaltó que ha tenido conversaciones con la ministra de Gobierno Janaina Tewaney para tratar el tema, donde la funcionaria le expresó su preocupación por la situación.

Se espera que pronto sean anunciadas las medidas que va a ejecutar el Sistema Penitenciario para contrarrestar la propagación del COVID-19 dentro de las cárceles, ya que es preocupante la situación en la que conviven los reos dentro de las diferentes cárceles del país, donde según dijo, no existen las condiciones para que se cumpla una adecuada medida de aislamiento.

De acuerdo con Herrera Morán, la Ley 55 del 2003, permite la rebaja de pena para las personas de delitos de menor impacto, la libertad condicional a las personas que son mayores de 60 años que están dentro de las cárceles.

El abogado también sugirió la posibilidad de que se repatrien a las personas de nacionalidad extranjera para que cumplan su condena en su país.

Instó a las autoridades a tomar las medidas muy pronto porque a su juicio, “el problema es un barril de pólvora sobre el cual está sentado el presidente (Laurentino Cortizo Cohen), y todo su equipo”.

También se refirió al caso de la cárcel de mujeres donde supuestamente existen detenidas que están embarazadas y siguen presas, lo que representa una "violación a los derechos humanos".