Proyecto de Ley 43 pone en peligro la descentralización, según expertos

La desinformación sigue sembrando el miedo en la población por las voces que insisten que se les quitarán las casas a las personas más humildes, mientras el gobierno y expertos en el tema aseguran que es falso y que solo se busca confundir.

La diputada Zulay Rodríguez propone reducir el impuesto de inmueble del 2.1% al 0.25%, argumentando que con esto el pueblo pagará menos impuestos y no les expropiarán las casas.

“Pretende cobrarte un impuesto desmedido, tan alto, con hipoteca con intereses, y cuando no lo puedes pagar el mismo Código Fiscal establece que lo rematarán”, manifestó Rodríguez.

Sin embargo, este planteamiento fue refutado por la abogada especialista en temas tributarios, Marta Luna, quién dice que históricamente no le han quitado la casa a nadie.

“No hay un caso donde el Estado haya expropiado una vivienda por falta de pagos”, afirmó Luna.

En cuanto a la recaudación del impuesto de inmueble con la ley actual ingresó a las arcas $168.2 millones en 2016, Con el proyecto de Ley 43 se perfila una reducción importante de $10 millones. Se reduciría el impuesto de inmueble del 2.1% al 0.25% y desparecerían los fondos de descentralización. Esto podría significar que los municipios dejarían de atender los problemas sociales de la población.

El excontralor Alvin Weeden sostiene que el proyecto de Ley 43 busca que la descentralización muera en su cuna.

“Tumba, anula el ingreso que sostiene la descentralización. La descentralización ayuda a que las comunidades más pobres del país a que puedan tener soluciones”, apuntó Weeden.

El ministro de Economía, Dulcidio De la Guardia, recordó que fue el gobierno de Juan Carlos Varela que dejó sin efecto los reavalúos del expresidente Martinelli.

“Sería ilógico que a través de un decreto el gobierno del presidente Varela pretenda reinstaurar avalúos”, aseguró De la Guardia.

La discusión del proyecto de Ley 43 está suspendida en la Asamblea Nacional, pero expertos coinciden que este proyecto no se corresponde al principio de justicia tributaria porque va dirigido a bajar el impuesto a los propietarios de bienes inmuebles de mayor valor, es decir, sectores con mayor poder adquisitivo.