Sueños Robados
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Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 11 funcionarios de distintas entidades del Estado fueron sancionados luego de que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) comprobara la comisión de faltas graves al Código de Ética de los Servidores Públicos, sobre todo relacionadas con nepotismo, incumplimiento laboral y falta de idoneidad académica.
Uno de los casos más relevantes surgió a partir de una denuncia anónima contra cuatro funcionarias de la Lotería Nacional de Beneficencia, por un presunto nepotismo en la Dirección de Recursos Humanos. La investigación determinó que la jefa y subjefa del departamento mantenían a sus hijas nombradas dentro de la institución, mientras ambas ocupaban cargos de jerarquía.
Aunque las hijas renunciaron posteriormente a sus puestos, la Antai decidió continuar el proceso y recomendó la destitución de ambas funcionarias. No obstante, tras la presentación de recursos de reconsideración y la renuncia voluntaria de las implicadas en diciembre, se declaró la sustracción de materia en el expediente.
En otro expediente, también originado por una denuncia anónima, la Antai investigó a la alcaldesa del distrito de Remedios, en la provincia de Chiriquí, Vielka Gálvez Ballesteros, por un presunto vínculo de parentesco con una funcionaria municipal. La pesquisa confirmó que la persona señalada era su nuera y formaba parte de la estructura organizacional del municipio, por lo que la entidad recomendó su destitución y le impuso a la alcaldesa una sanción equivalente al 50 % de su salario mensual.
Asimismo, dos funcionarios de la Universidad de Panamá fueron sancionados tras comprobarse un caso de nepotismo, mientras que tres servidores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) enfrentaron sanciones luego de que se verificara que no contaban con los títulos académicos exigidos para los cargos que desempeñaban, pese a tener experiencia laboral.
En otros dos expedientes, la Antai atendió denuncias por incumplimiento del horario laboral contra una funcionaria del Ministerio de Educación (Meduca) y un funcionario de la Universidad de Panamá, confirmándose la falta y aplicándose las sanciones correspondientes.
La entidad reiteró que toda actuación que contravenga los principios éticos del servicio público será investigada y sancionada conforme a la ley, y aclaró que la divulgación de estos casos se realiza en cumplimiento del artículo 29 de la Ley No. 33 de 2013.
Las sanciones, subrayó la Antai, son el resultado de investigaciones exhaustivas, respetando el debido proceso, y reflejan el compromiso institucional con la lucha contra la corrupción, la promoción de la ética pública y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.