Apede y Cámara Marítima advierten impacto del proyecto 491 en competitividad logística

Panamá/El avance del proyecto de Ley 491 en la Asamblea Nacional ha encendido las alertas en el sector empresarial, que advierte posibles efectos negativos sobre uno de los pilares de la economía panameña.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresó su preocupación ante la propuesta, que se encuentra en tercer debate y plantea la imposición de nuevos cargos económicos sobre el movimiento de contenedores y servicios vinculados a la actividad portuaria y logística.

El proyecto de ley 491, impulsado por la diputada Grace Hernández, plantea incrementar las pensiones de jubilados y pensionados que reciben menos de 600 dólares mensuales, una iniciativa con fuerte alcance social, pero que también genera preocupación por sus efectos en las finanzas públicas y la economía.

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Para financiar este ajuste, se propone aplicar un cargo adicional de 1.50 dólares por cada TEU que ingrese al país a través de los puertos.

No obstante, para el gremio, el problema no es el objetivo de fortalecer la protección social, sino el mecanismo planteado para lograrlo. A su juicio, trasladar estos costos a un sector expuesto a la competencia internacional podría debilitar la posición del país como centro logístico regional.

El sector logístico representa cerca del 11.8% del Producto Interno Bruto y sostiene una amplia red de empleos directos e indirectos. Su funcionamiento depende, en gran medida, de la eficiencia y los costos competitivos frente a otros mercados.

Desde Apede advierten que un incremento en los costos podría provocar una reducción en el volumen de carga y el desvío de operaciones hacia otros destinos, con efectos que impactarían no solo a grandes operadores, sino también a pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena logística.

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La presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, insistió en la necesidad de evaluar cuidadosamente este tipo de decisiones en un entorno global cada vez más exigente.

Panamá no compite por ser el más costoso, compite por ser eficiente, confiable y competitivo. Cuidar esa posición es fundamental para seguir generando inversión, empleo y oportunidades para todos”, afirmó.

El gremio también planteó la necesidad de un análisis técnico más profundo del proyecto, que permita medir sus implicaciones económicas y regulatorias antes de su eventual aprobación.

En ese contexto, reiteró su disposición a participar en espacios de diálogo que permitan construir alternativas que equilibren la sostenibilidad de las políticas públicas con la competitividad del país.

Sobre este tema también se ha pronunciado la Cámara Marítima y señaló que Panamá comparte mercado con otros centros logísticos de la región que compiten por los mismos flujos de carga, por lo que elevar los costos de manejo de contenedores podría provocar una reducción en el volumen, el traslado de mercancías hacia otros destinos y una caída en la competitividad del país.

La Cámara Marítima de Panamá (CMP) rechaza enérgicamente el Proyecto de Ley No. 491, particularmente por la propuesta de establecer nuevos cargos económicos aplicables al movimiento de contenedores y a servicios vinculados a la actividad portuaria y logística. La CMP reconoce la importancia de fortalecer la protección social de los jubilados y pensionados, especialmente de aquellos que perciben ingresos insuficientes, y considera que ese objetivo merece soluciones sostenibles, transparentes y técnicamente bien estructuradas. En ese contexto, estimamos que la figura del fondo en cuestión puede ser un mecanismo válido, siempre que su financiamiento provenga de recursos ya existentes dentro del Estado y no de nuevas cargas impuestas a sectores productivos expuestos a competencia internacional", se lee en el comunciado.

Inicialmente, la propuesta buscaba financiar el apoyo a los jubilados mediante aportes del sector de telecomunicaciones, pero posteriormente fue modificada y terminó trasladando esa carga al sector portuario.

El proyecto fue aprobado en segundo debate y hoy corresponde su discusión en tercer debate, de lograr los votos pasaría a manos del presidente de la República, quien deberá decidir si sanciona o no la propuesta de ley, que impone nuevos cargos económicos aplicables al movimiento de contenedores y servicios vinculados a la actividad portuaria y logística.