Asamblea aprueba por insistencia polémico proyecto sobre arrecifes coralinos
Los diputados respaldaron nuevamente el proyecto en tercer debate bajo la consideración de que no contradice los mandatos constitucionales relacionados con el Capítulo 7 sobre el Régimen Ecológico.
Ciudad de Panamá, Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó por insistencia, con 50 votos a favor y seis en contra, el proyecto de Ley 571, objetado totalmente por el presidente de la República, José Raúl Mulino, por considerar que debilitaba la protección ambiental vigente.
La iniciativa, presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, modifica y adiciona artículos a la Ley 304 de 2022, sobre la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociadas.
Los diputados respaldaron nuevamente el proyecto en tercer debate bajo la consideración de que no contradice los mandatos constitucionales relacionados con el Capítulo 7 sobre el Régimen Ecológico.
Uno de los principales cambios consiste en eliminar la prohibición legal directa de realizar construcciones, modificaciones u otras actividades en los pastos marinos. Estas intervenciones pasarían a estar sujetas a la autorización y las regulaciones que establezca el Ministerio de Ambiente.
La entidad tendría la responsabilidad de regular, fiscalizar y autorizar las actividades que puedan afectar estos ecosistemas, en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.
Robinson defiende regulaciones diferenciadas
La legislación vigente establece un régimen de protección conjunto para los arrecifes coralinos y los pastos marinos. Sin embargo, Robinson argumentó que, aunque ambos ecosistemas mantienen una relación ecológica estrecha y cumplen funciones complementarias, sus características biológicas, niveles de fragilidad y dinámicas de recuperación justifican tratamientos regulatorios diferentes.
Durante la discusión en el Palacio Justo Arosemena, el diputado pidió que la iniciativa fuera evaluada por sus posibles efectos sobre las comunidades costeras e insulares.
“Le pedimos a los colegas que no vean el problema de Benicio Robinson aquí presente en la discusión del proyecto, sino que vean nuestro Caribe y país”, manifestó.
Según el proponente, las restricciones vigentes han limitado que regiones como Colón, Guna Yala y Bocas del Toro se beneficien del crecimiento del turismo. También señaló que inversionistas, empresarios, pescadores y residentes de comunidades insulares han solicitado la posibilidad de construir muelles en áreas con pastos marinos, previa aprobación de los permisos y evaluaciones técnicas correspondientes.
Robinson sostuvo que el proyecto mantiene la protección de los arrecifes coralinos y aseguró que “los corales son intocables y nadie lo pone en duda”.
Al referirse a la posibilidad de intervenir los pastos marinos, expresó: “El pasto marino es como la hierba, la hierba que tenemos y que debemos cultivar. A veces sembrar arroz o maíz es lo mismo que queremos hacer con el pasto marino”.
El diputado vinculó la aprobación del proyecto con el desarrollo económico de las zonas costeras.
“El que vota en contra de este proyecto lo hace en contra de las comunidades que no pueden crecer al ritmo del turismo que existe”, afirmó.
Ejecutivo advirtió debilitamiento de la protección
El presidente Mulino devolvió la iniciativa sin sancionarla el pasado 8 de julio, tras considerarla inconveniente e inexequible. El Ejecutivo estimó que sus disposiciones debilitaban el régimen de protección ambiental y vulneraban principios establecidos en la Constitución.
De acuerdo con la exposición del veto total, la Ley 304 de 2022 protege de manera integral los arrecifes coralinos, los pastos marinos y los ecosistemas asociados. El proyecto sustituye la prohibición general sobre las intervenciones en pastos marinos por un sistema de autorizaciones administrado por el Ministerio de Ambiente.
Para el Gobierno, este cambio reduciría el nivel de protección ambiental existente.
La objeción presidencial también cuestionó que únicamente se prohíban las actividades que ocasionen daños directos a los arrecifes coralinos o daños irreversibles a su salud ecosistémica. El Ejecutivo advirtió que el concepto de “daño directo” no está definido en la legislación, lo que podría dificultar la prevención de impactos indirectos o acumulativos.
Según el veto, la iniciativa no precisa cuáles actividades podrán permitirse, cuáles continuarán prohibidas, qué requisitos deberán cumplirse ni las medidas mínimas de prevención, mitigación o compensación.
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