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Bioetanol en Panamá: Secretaría de Energía aclara que postergación de mezcla no responde al proyecto en la Asamblea
El proyecto de ley que se debate en la Asamblea responde a un propósito distinto: contar con un marco normativo actualizado que permita, de ser aprobado, una implementación ordenada y progresiva, señaló la Secretaría de Energía.
Ciudad de Panamá/ La Secretaría de Energía emitió un comunicado para aclarar que la mezcla de bioetanol con gasolinas en Panamá no surge del proyecto de ley que actualmente se debate en la Asamblea Nacional, sino que fue establecida con anterioridad en la legislación nacional en 2023 y 2024.
La Secretaría de Energía precisó que tanto la obligatoriedad como la fecha para aplicar la mezcla ya habían sido definidas previamente, con entrada en vigor programada para el 1 de abril de 2026.
La Resolución N.° MIPRE-2026-0010986, publicada en Gaceta Oficial, no crea una obligación nueva. "Lo que hace es posponer la aplicación de una norma existente, dado que para el 1 de abril de 2026 no estará disponible en el país la gasolina con bioetanol", indica el comunicado oficial.
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La Secretaría de Energía enfatizó que esta decisión no está vinculada al proyecto de ley en discusión en la Asamblea. "Lo anterior deja claro que no se trata de una medida nueva ni de una decisión derivada del proyecto actualmente en discusión en la Asamblea Nacional", manifestó el ente rector del sector energético.
El proyecto de ley que se debate en la Asamblea responde a un propósito distinto: contar con un marco normativo actualizado que permita, de ser aprobado, una implementación ordenada y progresiva, señaló la Secretaría de Energía.
Según la Secretaría de Energía, el tiempo estimado para una implementación adecuada es de 24 meses, periodo necesario para establecer los controles técnicos, logísticos y de calidad requeridos para garantizar el éxito de la medida.
La Secretaría de Energía destacó que una transición bien planificada es fundamental para asegurar que la mezcla de bioetanol se realice bajo estándares que protejan tanto a los consumidores como a la infraestructura de distribución de combustibles del país.
