Cámara de Comercio pide más apoyo a la educación y rechaza nuevas iniciativas legislativas

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), se refirió al tema educativo en Panamá y a los proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Nacional (AN), que según el gremio no consideran las afectaciones e impactos a largo plazo que pueden tener sobre los centros educativos particulares.

Señalan en la nota que la Constitución Política de la República de Panamá subraya el derecho a la educación y la responsabilidad de educarse; al tiempo que, garantiza la libertad de enseñanza y reconoce el derecho a crear centros educativos particulares.

“Por años, la enseñanza particular ha brindado una alternativa a los padres de familias y estudiantes; mientras que, ha absorbido parte de un deber que le compete al Estado, contribuyendo al desarrollo de miles de niños y jóvenes, evidenciando con resultados el peso de su aporte”, dicen en el boletín semanal.

Agregan que actualmente se discuten en la Asamblea Nacional iniciativas legislativas que con miopía no consideran las afectaciones e impactos a largo plazo que pueden tener sobre los centros educativos particulares, poniendo en riesgo el futuro académico de miles de estudiantes y propiciando con la consecuente escasez de oferta una migración obligada a un sistema oficial sin capacidad.

Según la Cciap, resulta inoportuno y contraproducente considerar proyectos de ley que ponen en riesgo la sostenibilidad de los colegios particulares y no toman en cuenta las inversiones necesarias para brindar la calidad de educación que requiere el estudiante.

Esto sería equivalente a un recorte de presupuesto del Ministerio de Educación para el funcionamiento de los centros educativos oficiales, cuando se requieren inversiones para adecuarlos a las exigencias del momento.

Consideran lamentable que las iniciativas no aborden las necesidades estructurales del sistema educativo oficial que se han planteado por años y que la pandemia dejó al desnudo; entre ellas la deficiente infraestructura, conectividad, acceso y sobre todo la calidad educativa que deja mucho que desear.

Las iniciativas particulares de educación tienen como objetivo primordial ofrecer enseñanza de calidad. No obstante, para poder cumplir con esa promesa de valor deben lograr una sostenibilidad que les permita la continuidad de sus servicios y la mejora permanente de la educación.

“Somos conscientes de la crisis económica que vivimos y la necesidad urgente de reactivar y generar nuevas plazas de empleos; de ahí que rechazamos cualquier tipo de nuevo cierre y exigimos que todos podamos volver de forma sostenible a nuestras actividades cotidianas de trabajo, estudio y esparcimiento”, manifiestan.

Reiteran que el Estado debe ofrecer apoyo económico a los padres de familia de estudiantes que presenten la necesidad de recursos dada la disminución de los ingresos, la suspensión de los contratos o la falta de empleo; en vez de considerar fórmulas que coartan la libertad de enseñanza y emprendimiento particular, poniendo en riesgo la educación de toda una generación. Lo que urge es un plan integral de regreso a las aulas de manera presencial.