Cámara de Comercio presenta propuesta de reformas a la Constitución

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) presentó este jueves 13 de septiembre un una propuesta de reformas a la Constitución Política de la República, especialmente al sistema judicial del país y por medio de dos Asamblea Nacional Consecutivas.

El documento es el resultado del trabajo desarrollado desde hace más de un año por un grupo de juristas constitucionalistas, convocados por el gremio.

“El centro de toda democracia es la justicia y, por ende, habría que iniciar por la reformulación en nuestro país del sistema judicial, a fin de revisar las bases de nuestro Estado de Derecho,” indicó Gabriel Barletta, presidente de la Cciap.

“Conscientes como somos que este tipo de propuestas requiere ser socialmente inclusiva y participativa, la hemos compartido con otros gremios y representantes de la vida nacional, para que este proyecto se convierta en un proyecto del país y no solo del sector privado”, añadió Barletta durante la presentación.

Propuestas

El documento plantea cambios a los artículos 160, 203, 204, 206 y 214 de la Constitución.

Inocencio Galindo, expresidente de la Cámara de Comercio, presentó la propuesta y destacó que, para lograr independencia de los nuevos magistrados que sean designados conforme al mecanismo establecido en las reformas y sus suplentes, se extiende su período de 10 a 20 años.

“Cualquier vacante absoluta requerirá el nombramiento de un nuevo magistrado por un período de 20 años, es decir, no se completan períodos como ocurre actualmente”, detalla una nota del gremio.

La propuesta elaborada resalta que los magistrados continúen siendo nombrados mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, pero se requiere, con la reforma, que la designación sea ratificada por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

Buscando mayor independencia, el nombramiento que haga el Gabinete se realizaría de una lista que le proporcionaría una Comisión Nacional de Evaluación y Postulación, que se crearía mediante esta reforma.

Esta figura contaría con nueve miembros, asegurando “una amplia participación de la sociedad, con representantes tanto de gremios de la empresa privada, como de la academia, ONGs, clubes cívicos, colegio de abogados, trabajadores, y representantes del Ejecutivo”, apunta la propuesta de la Cámara de Comercio.

Los detalles se reglamentarán mediante ley.

El documento de reformas presentado propone que las designaciones del Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración también sean realizadas de listados generados por la Comisión Nacional de Evaluación y Postulación. Estos puestos mantendrían el período de 10 años.

Para evitar demoras en los nombramientos, se establece en la propuesta que si en 30 días no se logra la mayoría calificada requerida del Órgano Legislativo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designará al nuevo magistrado de forma temporal, de los suplentes de la Sala donde se produce la vacante.

El Órgano Ejecutivo estaría obligado a enviar un nuevo candidato para su ratificación por el Legislativo en un período máximo de 60 días. Este candidato debe ser designado de la lista elaborada por la Comisión de Evaluación y Postulación.

Con relación a la función judicial de la Asamblea Nacional, ésta conocería las acusaciones o denuncias contra el presidente de la República y los magistrados de la CSJ, y juzgarlos. Pero, para efectos de la investigación, el Ministerio Público (MP) sería el encargado.

El documento propone que la CSJ conozca las acusaciones y denuncias que se presenten contra diputados y juzgarlos, pero el MP estaría a cargo de la investigación.

La propuesta además modifica los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, incrementándose la edad mínima de 35 a 45 años.

Al tiempo que se requiere el aspirante tenga 15 años de experiencia en el ejercicio de la profesión de abogado, cualquier cargo del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral o de la Defensoría del Pueblo que requiera título universitario en Derecho o haber sido profesor de Derecho en un establecimiento de enseñanza universitaria, pero, además, se incluye requisito de tener experiencia comprobada o título de postgrado en materia de la competencia de la Sala en la que será designado.

También se añade el requisito de no haber sido sancionado por faltas a la ética profesional que resulten en la suspensión o cancelación del certificado de idoneidad.

Otro punto destacado en la propuesta es con relación a los presupuestos del Órgano Judicial y el Ministerio Público. Se plantea que los mismos sean formulados por la Corte Suprema y la Procuraduría General de la Nacional y se remitan al Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto General del Estado sin que sea posible su modificación.

El presidente de la Corte Suprema y el Procurador General de la Nacional destaca el documento, podrán sustentar, en todas las etapas del proceso, el proyecto de presupuesto.

Lea el documento AQUÍ.