Defensoría del Pueblo monitorea situación de detenidos tras vandalismo en Bocas del Toro
Grupos de abogados han estado solicitando la liberación de estos detenidos. Argumentan que no se ha cumplido el procedimiento que establece la jurisdicción nacional en cuanto a su judicialización.
La Defensoría del Pueblo está realizando inspecciones en la provincia de Chiriquí para conocer el estado y las condiciones de derechos humanos de los ciudadanos detenidos tras los actos de vandalismo registrados en Bocas del Toro.
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Funcionarios de la Defensoría han estado conversando con las personas retenidas en el centro Van Cleef, hospitales y el centro femenino de rehabilitación, con el objetivo de dar seguimiento a su trato y garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Clarisa Martínez, defensora adjunta del Pueblo, señaló que el personal de la oficina regional de Bocas del Toro siempre ha estado presente, pero indicó que la situación se ha vuelto peligrosa para ellos.
"Ellos sí nos manifestaron que, pues se tornaba un poco inseguro estar tomando videos o fotografías", afirmó Martínez. Agregó que en estos días que ya se ha declarado el estado de emergencia en la provincia, el personal, las seis personas de la oficina regional de Bocas del Toro están en sus hogares porque también han sido objeto de amenazas y ellos también están inseguros."
La Defensoría está velando por su seguridad y espera poder restablecer la comunicación para saber que se encuentren bien ellos y sus familias.
Según informes de la Defensoría, al menos unos 40 de estos ciudadanos trasladados desde Bocas del Toro se encuentran actualmente bajo el sistema penitenciario en la provincia de Chiriquí. Otros que también fueron reubicados desde Bocas del Toro permanecen en la provincia de Veraguas, bajo la dirección del Sistema Penitenciario Nacional.
Cabe destacar que grupos de abogados han estado solicitando la liberación de estos detenidos. Argumentan que no se ha cumplido el procedimiento que establece la jurisdicción nacional en cuanto a su judicialización, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad de algunas de las retenciones y traslados.