CIDH determina responsabilidad del Estado panameño en la desaparición del padre Héctor Gallego
El organismo determinó que el Estado violó múltiples derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Nº 13.017-B contra Panamá, relacionado con la desaparición forzada del sacerdote colombiano Jesús Héctor Gallego Herrera, ocurrida durante la dictadura militar panameña. La presentación formal se realizó el 27 de agosto de 2025, informó el organismo regional.
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El caso fue trasladado a la Corte tras más de dos décadas de análisis, luego de que la CIDH considerara que el Estado panameño mantiene una responsabilidad internacional por no esclarecer los hechos y no garantizar justicia para Gallego, desaparecido el 9 de junio de 1971 en Santa Fe, Veraguas.
Un sacerdote comprometido con los campesinos
Según la CIDH, Jesús Héctor Gallego realizaba trabajo pastoral y social con comunidades rurales, impulsando cooperativas campesinas, grupos cristianos y proyectos de derechos humanos y desarrollo comunitario.
Días antes de su desaparición, había sufrido hostigamientos, incluso el incendio de su vivienda. Testimonios indican que fue detenido por hombres vinculados a la Guardia Nacional, sin que desde entonces se conozca su paradero.
Investigaciones irregulares y décadas de impunidad
Las primeras investigaciones —abandonadas en 1973— estuvieron marcadas por irregularidades, lo que dejó el caso en absoluta impunidad. Tras el fin de la dictadura en 1989, el proceso fue reabierto en 1990 a petición de la Iglesia Católica.
En 1994, tres exagentes de la Guardia Nacional fueron condenados por su complicidad en el crimen, pero la sentencia no determinó responsabilidades de altos mandos, y uno de los implicados nunca fue capturado.
CIDH concluye responsabilidad del Estado panameño
En su Informe de Fondo No. 273/22, la CIDH concluyó que existen pruebas suficientes para establecer que Gallego fue víctima de una desaparición forzada cometida por agentes estatales, en un contexto de represión durante los gobiernos militares.
El organismo determinó que el Estado violó múltiples derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo:
- derecho a la vida,
- derecho a la integridad personal,
- derecho a la libertad personal,
- libertad de conciencia y religión,
- libertad de asociación,
- garantías judiciales, y
- protección judicial.
Además, concluyó que Panamá incumplió sus obligaciones derivadas de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Medidas de reparación solicitadas a la Corte IDH
La CIDH pidió a la Corte Interamericana ordenar al Estado panameño una serie de medidas de reparación integral, entre ellas:
- Indemnización por daños materiales e inmateriales a los familiares.
- Implementación de un plan de búsqueda con resultados verificables y participación de la familia.
- Asistencia médica y psicológica para allegados de la víctima.
- Continuar las investigaciones para identificar a todos los responsables materiales e intelectuales.
- Políticas públicas y protocolos forenses para el manejo de archivos y material genético de víctimas de la dictadura.
- Capacitación a funcionarios en estándares internacionales y en los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas.
La CIDH, órgano autónomo de la OEA, enfatizó que este caso representa un paso clave para enfrentar la impunidad que aún afecta a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar panameña. Este medio contactó a familiares del padre Héctor, los cuales informaron que no brindarían declaraciones al respecto por el momento.