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Condenan a 7 sindicalistas por peculado en perjuicio del Ministerio de Trabajo

Dos personas fueron condenadas tras finalizar audiencia.
Condena contra 7 dirigentes sindicales. / Cortesía Pixabay.

El Órgano Judicial informó que Mariano Mena, Gabriel Castillo, Armando Rangel Gordón y Guillermo Puga fueron condenados por el por la juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, como autores del delito de contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado en perjuicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

A la condena de 5 años (60 meses) de prisión, también se suman, Elberto Cobo, Víctor Torres De León y Aniano Pinzón. La sentencia condenatoria es la N° 94, del 18 de noviembre de 2022.

Además, se les impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término a la pena de prisión impuesta, la cual comenzará una vez cumplida la sanción principal.

Trascendió que la investigación por parte del Ministerio Público surgió a raíz de una denuncia presentada por la exministra de Trabajo Alma Cortes, para el 21 de abril de 2010, señalando que el Instituto de Estudios Laborales, que es una unidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, entregó grandes sumas de dinero a los gremios sindicales confederados, sin que hayan presentado informes del uso del dinero provenientes del Seguro Educativo descontando a los trabajadores del país.

Según informe de la Contraloría General de la República se encontraron incongruencias y gastos con fines distintos a lo establecido en el Decreto que regula el Seguro Educativo, sin que los dirigentes sindicales pudiesen sustentar la suma superior a 261 mil dólares.

El fallo

Señala el fallo del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales que los siete condenados ostentaban cargos en organizaciones sindicales y los elementos que configuran el tipo penal atribuido han sido procesados en la jurisprudencia patria.

Además, los sancionados, si bien no ejercían cargos dentro del Mitradel, representaban legalmente a entidades sindicales encargadas de administrar el fondo suministrado por el Instituto Panameño de Estudios Laborales, el porcentaje del 5% de la recaudación del seguro educativo, el cual tiene como objetivo contribuir con la capacitación sindical y el desarrollo de la educación social y económica del trabajador y empleador panameño.

De la misma forma, detalla esta resolución, que este tipo penal reprocha y castiga a quien defrauda las expectativas de la función estatal de custodia y administración de bienes, toda vez que los "sujetos autores menoscabaron el patrimonio estatal, lo que quedó acreditado con el informe de auditoría realizado, debidamente ratificado".   

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