Contraloría presenta denuncia ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en auditoría a Panama Ports

La acción legal surge tras un examen financiero y de cumplimiento al Contrato Ley No. 5 de 1997, abarcando una década de operaciones portuarias entre 2014 y 2024.

Instalaciones de Panama Ports / TVN Noticias

Ciudad de Panamá/La Contraloría General de la República interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público por la posible comisión de delitos contra la Administración Pública, tras detectar presuntas irregularidades en una auditoría realizada al contrato de concesión de Panama Ports Company, S.A. (PPC).

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este 18 de noviembre, la acción judicial fue formalizada el día 17 de noviembre a través de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la entidad fiscalizadora.

El objetivo principal de este recurso es que las autoridades competentes inicien las investigaciones correspondientes sobre los hechos identificados y determinen si existen responsabilidades de carácter penal.

La denuncia apunta directamente contra la sociedad Panama Ports Company, S.A., pero también incluye a exfuncionarios de alto perfil.

En la lista figuran quienes ocuparon el cargo de administradores generales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) durante el período comprendido entre 2014 y 2023, así como quienes fungieron como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de dicha institución en esos mismos años.

Los señalamientos de la Contraloría que sustentan esta acción legal forman parte del Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. Este documento evaluó la ejecución del Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito originalmente entre el Estado panameño y la empresa operadora, incluyendo sus respectivas adendas y modificaciones.

El examen realizado por los auditores cubrió un lapso de diez años, específicamente desde el 2 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2024. Durante este proceso, se revisaron minuciosamente las cifras reportadas en los estados financieros de la empresa y el nivel de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo contractual.

Tras concluir la revisión, la Contraloría identificó posibles anomalías que podrían configurar delitos en perjuicio del Estado. Ante este escenario, la institución puso toda la documentación e información de respaldo a disposición de los fiscales del Ministerio Público para el trámite legal.

En su pronunciamiento, la Contraloría recordó que los servidores públicos tienen la obligación legal de denunciar ante las autoridades competentes cualquier hecho que, detectado en el ejercicio de sus funciones, pueda revestir características de delito.

Ahora, la investigación queda en manos del Ministerio Público, instancia a la que le corresponderá analizar las pruebas remitidas, determinar si efectivamente se cometieron ilícitos contra la Administración Pública e individualizar a los posibles responsables. Por su parte, la Contraloría aseguró que mantendrá su labor de fiscalización y remitirá cualquier otro hallazgo que represente una afectación a los recursos y al patrimonio del Estado panameño.

Si te lo perdiste
Lo último
stats