Contrato con Minera Panamá requerirá de una investigación a los responsables

Minera Panamá

Advierten que contrato con Minera Panamá es desventajoso para el país

Ciudad de Panamá, Panamá/El abogado especialista en temas ambientales, Harley Mitchel, mostró su rechazo rotundo a declaraciones que digan, que el contrato Ley entre Minera Panamá y el Estado panameño será mejor en materia ambiental que la normativa convencional, aplicada a toda las mineras y las actividades económicas que puedan ser perniciosas al ambiente.

Para Mitchel, la aprobación por parte del Consejo de Gabinete, del borrador de este contrato Ley no es sorpresiva, era esperada y está seguro que lo impulsarán hasta donde puedan.

El ambientalista señaló que es falso lo señalado por el gobierno, que indica que el tamaño de la concesión disminuyó, pero al mismo tiempo reconocen zonas para concesión de 12 mil hectáreas.

“El contrato que el gobierno está vendiendo es un contrato de concesión de cobre y secundariamente, de oro, plata y molibdeno, es decir, que son dos concesiones diferentes una para Minera Panamá y otra para una afiliada”, explicó.

Lo que el gobierno no dice, continuó manifestando Mitchel, es que la empresa tiene potestades no solo dentro del área de concesión, sino fuera de la zona y hacerse no solo de subsuelo y en comparación con el anterior, el contrato ofrece numerosas ventajas para la empresa.

“Puede hacerse de tierras o cualquier título de propiedad, usufructo, a través de los procesos de Autoridad de Tierras”, agregó.

Además, aseguró que el gobierno guarda silencio con respecto al hecho de que la empresa tiene exoneraciones fiscales exageradas de 70% de Impuesto Sobre la Renta, los primeros 10 años de extracción de cobre.

En cuanto al plan de cierre y manejo ambiental, el abogado dijo que esto es obligación del estudio de impacto ambiental en el cual se debe colocar todas las fases desde la planificación, operación y abandono.

Advirtió que no solo se requiere del ataque jurídico del contrato, sino también identificar a sus responsables y establecer que la jurisdicción penal también los investigue y finalmente, los castigue.

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