Tras fallo, se reanudará investigación contra Martinelli por comida deshidratada

Una nueva historia se empieza escribir en el caso de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y que vincula supuestamente al expresidente, Ricardo Martinelli; luego que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el Artículo 491-A del Código Procesal Penal.

El artículo 491-A de la Ley 55 de 2012 "Ley Blindaje", estipula, que el magistrado fiscal, debería concluir la investigación dentro de los dos meses siguientes o antes del vencimiento de este plazo, si considera que se han recogido los elementos de prueba que permitan formular la acusación.

El magistrado fiscal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Oydén Ortega, solicitó a través de una nota formal al presidente de la máxima Corporación de Justicia del país, José Ayú Prado, que se resolviera lo antes posible la advertencia de Inconstitucionalidad en el proceso que se sigue al expresidente de la República y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Ricardo Martinelli, por el caso de la compra de comida deshidratada, a través de fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

A través de la declaración de inconstitucionalidad aprobada por el Pleno de la CSJ, se espera poder continuar con la investigación al exmandatario panameño, luego que el 4 de mayo de 2015, iniciara el proceso de investigaciones, las cuales debieron concluir dos meses después (4 de julio) y han pasado más de 6 meses y no avanzaba el proceso.

“Creo firmemente que el plazo de dos (2) meses que otorga el Artículo 491-A del Código Procesal Penal, para investigar este tipo de causas es insuficiente y constituye un trato desigual que no se compagina con el que tienen para investigar a otros funcionarios, cuyo juzgamiento corresponde al Pleno de la Corporación de Justicia, el cual debe atender, sin dilatación, la Advertencia de Inconstitucionalidad pendiente”, señaló la carta presentada por Ortega el pasado 16 de noviembre.

En caso de imputación compleja, podría prorrogar el plazo hasta por un mes adicional, decisión que adoptaría el magistrado que ejerza las funciones de Juez de Garantía.

Presidente de la Corte habla sobre fallo de inconstitucionalidad

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, aseguró respecto al fallo de inconstitucionalidad, que para proceder con el mismo, deben pasar la decisión en limpio y para ello tienen que incorporar al proyecto unas observaciones que el Pleno consideró sumamente interesantes.

“Estas observaciones están por escrito y hay que incorporarlas al proyecto de ley y en el día de ayer hubo otras importantes aportaciones de dos magistrados: Harry Díaz y Harley Mitchell, que también el pleno tomó como propias”, destacó el presidente del Órgano Judicial.

De acuerdo a Ayú Prado, el próximo jueves el documento estará en limpio y se procederá a recoger las firmas de los magistrados y así tendrá efecto la decisión tomada el día jueves 19 de noviembre de 2015.

Reacción a decisión de la Corte Suprema

Para Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), la CSJ ha sido consecuente al definir la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

"La importancia de esto, es que la CSJ está llamada a ser garante de los principios fundamentales y una vez sea publicado el fallo en la Gaceta Oficial, se podrá establecer el periodo de investigación que establece el Código Procesal Penal para cualquier ciudadano", señaló.

De igual forma, Araúz señaló: "Confiamos en que la CSJ establecerá el respeto a la Constitución, que es el único victorioso y por eso el órgano Judicial debe mantener su total independencia".

Antecedentes del caso contra Martinelli

El 28 de enero de 2015, el pleno de la CSJ decidió investigar a Martinelli por este caso, sin embargo, la investigación se inició oficialmente el 4 de mayo luego de que el Tribunal Electoral (TE) anunciara el levantamiento del fuero penal electoral del exmandatario, quien abandonó el país el mismo día en que el máximo tribunal de justicia informara de la apertura de un proceso en su contra.

El caso no ha tenido mayores avances, a pesar de haber sido el primero en admitirse en la CSJ, luego que el exdirector del PAN, Giacomo Tamburrelli, acusara al exmandatario de ser la persona que dio la orden para la firma del contrato con la empresa LerkShore International Limited, por 44 millones de dólares.