CorteIDH verifica en Panamá cumplimento de sentencia a favor de indígenas
La CorteIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del ente hemisférico.
Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) verifica en Panamá el cumplimiento de la sentencia impuesta al Estado panameño a favor de los pueblos indígenas Kuna de Madugandí y Emberá de Bayano por daños causados por una represa hidroeléctrica, informó una fuente oficial.
Por invitación del Gobierno de Panamá, la delegación de la CorteIDH hizo un recorrido con este propósito a la comunidad indígena de Piriatí, como parte sus diligencias relacionadas a la sentencia del 14 de octubre del año 2014 por la construcción de la represa hidroeléctrica de Alto Bayano en 1972.
El recorrido fue realizado por el Juez Presidente Humberto Antonio Sierra Porto y los abogados de la Secretaría Gabriela Pacheco y Edward Pérez, así como por representantes de la CorteIDH en Washington DC.
La delegación reconoció los avances de Panamá para cumplir en muy corto tiempo con la sentencia, como la entrega este jueves de una compensación económica por más de 2,5 millones de dólares a las comunidades afectadas, por parte de la administración del presidente del país, Juan Carlos Varela.
También corroboraron los desafíos, obstáculos y propuestas de solución en cuanto a la implementación de las reparaciones relativas a la demarcación de las tierras que corresponden a las comunidades de Ipetí y Piriatí Emberá.
Además, en la Presidencia panameña celebraron una audiencia privada de supervisión de cumplimiento del caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madugandí y Emberá de Bayano y sus miembros contra el Estado de Panamá, para escuchar los alegatos de las partes.
Es la primera vez que se realiza una audiencia de seguimiento a sentencia por petición del país, antes de la fecha prevista para el cumplimiento de la Sentencia, cuyo plazo vencía el 16 de diciembre de este año.
Esto demuestra, según el Gobierno panameño, el firme compromiso de Panamá con el fortalecimiento de sus indicadores democráticos, del estado derecho y el robustecimiento institucional, con un claro enfoque en el respeto, promoción y protección de los derechos humanos, según la información oficial.
En 1972 el Estado panameño desalojó a varios pueblos establecidos donde hoy se encuentra la represa hidroeléctrica Bayano en la zona del Alto Bayano.
Según manifestó la CorteIDH en su sentencia, el Estado es responsable por haber violado el derecho a la propiedad colectiva contenido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
En diciembre de 2014 la CorteIDH notificó la condena a Panamá, que debe pagar por daños materiales 250.000 dólares a las comunidades Emberá de Ipetí y Piriatí, y un millón de dólares para el pueblo Kuna de Madungandí, mientras que por daños inmateriales tendrá que cancelar en el plazo de un año esas mismas cantidades a cada pueblo.
La Corte también ordenó a Panamá pagar 120.000 dólares a los representantes de los pueblos por sus labores en el litigio del caso a nivel nacional e internacional.
Se ordenó además al Estado panameño demarcar las tierras que corresponden a las comunidades Ipetí y Piriatí Emberá y a titular las tierras Ipetí con derecho a la propiedad colectiva.
El caso surgió a raíz de la construcción de la represa de Bayano, para lo cual se inundaron las tierras que habitaban los pueblos indígenas de la zona, los cuales fueron trasladados a tierras alternativas.
