Demanda contra la veda en la publicación de encuestas en el informe de la SIP

El incremento de procesos legales contra medios de comunicación y la modificación de la norma que establece la prohibición para divulgar encuestas de opinión durante los procesos electorales fueron partes de los temas que resaltó el informe presentado este sábado 20 de octubre, por la delegación panameña en la 74ª Asamblea General del Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se lleva a cabo en Salta, Argentina.

Dicho informe fue leído ante los asistentes de esta asamblea, por Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial La Estrella y El Siglo.

De acuerdo con el Informe sobre la Libertad de Prensa en Panamá, en este período se han incrementado los procesos legales contra los medios de comunicación y periodistas, así como los ataques verbales y a través de las redes sociales.

Destaca que en las últimas reformas al Código Electoral se modificó la norma que establecía la prohibición a los medios para divulgar encuestas de opinión durante los procesos electorales.

“La norma establecía un período de diez (10) días, el cual se extendió ahora a veinte (20) días calendarios antes de las elecciones. Esta disposición violenta los principios de libertad de expresión y derecho de acceso a la información de los ciudadanos”, según el informe.

Agrega que esta medida fue demandada por inconstitucional en un proceso interpuesto por Televisora Nacional TVN y se encuentra pendiente la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En este informe también se reitera que está vigente en el artículo 195 del Código Penal la tipificación de la injuria y calumnia cuando se cometan, a través de medios de comunicación y aunque ha quedado despenalizada cuando la “supuesta víctima” sea un funcionario con mando y jurisdicción nacional, se mantiene vigente para particulares, el resto de los funcionarios y exfuncionarios.

En el informe se dieron ejemplos de exfuncionarios que han demandado penalmente a periodistas y la petición de los gremios para la despenalización de los delitos de calumnia e injuria, al tiempo de que se establezcan límites a las demandas civiles.

Lea el informe de Panamá completo aquí