Discuten proyecto que crea sistema de garantías y protección de derechos de la niñez y adolescencia

Al incluirse cambios al proyecto de Ley 567, que crea un Sistema de Garantías y de Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia”, que surgió a raíz de las debilidades encontradas en albergues, el pleno legislativo inicia la discusión en segundo debate, para ratificar los derechos de los menores y adolescentes de no vulnerarse su inocencia.

En la sesión en el Pleno se leyeron más de 50 modificaciones y se declaró en sesión permanente hasta agotar la discusión de las garantías para la protección integral de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, establecidas en dicha norma social.

Esta nueva normativa establece entre otras cosas: el reordenamiento de las instituciones competentes para garantizar, de acuerdo con su edad y madurez, el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de esos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados y convenios internacionales ratificados por el país.

El proyecto de ley 567 se encontraba suspendido; sin embargo, el diputado Ricardo Torres, uno de los proponentes, presentó una propuesta para que se levantará dicha pausa, con lo que se reactivó el debate de su contenido con la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Mides, María Inés Castillo, quien estuvo acompañada de una comitiva de trabajo.

Proyecto de ley

La iniciativa legislativa sostiene que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano, así como a su preservación y disfrute de ella.

Se aclara que la familia, comunidad, municipios y el Estado garantizarán que el ambiente en que se desarrollen esté libre de contaminación y prevendrán situaciones de riesgo para su salud; por ello la familia está obligada a proporcionar un hogar higiénico y en condiciones mínimas habitables y educará a sus hijos en hábitos que favorezcan la protección de su entorno.

Aunado a ello, la iniciativa delega al Estado y la sociedad la responsabilidad de establecer centros de desarrollo infantil en los lugares de trabajo, de manera de preservar las buenas condiciones del niño.

En cuanto a prohibiciones, se priva la venta, expendio, regalo, préstamo, entrega, suministro, distribución o cualquier forma de comercialización a niñas, niños y adolescentes de armas, bebidas alcohólicas, productos del tabaco o que imiten productos de tabaco, fármacos y otros productos, cuyos componentes constituyen un peligro o puedan causar dependencia física o psíquica.

Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho al libre desarrollo de su personalidad y a recibir una educación orientada al desarrollo de sus capacidades y potencialidades, sin ningún tipo de discriminación.

Otro de los beneficios es el acceso a la educación inicial desde los cuatro años de edad, la básica general, media oficial y una orientación sobre formación profesional y vocacional para todos los adolescentes.

La legislación le otorga el derecho a cualquier persona que tenga conocimiento de la explotación económica o laboral de niños, niñas y adolescentes para que informe a la autoridad judicial o administrativa competente, sin que sea necesaria la identificación del informante.

Se establecen sanciones económicas que van desde B/.100.00 hasta B/. 5,000.00 para los agentes económicos o personas que vendan bebidas alcohólicas a este grupo de edad, al igual que suministren material pornográfico o que permitan entrada o visitas a centros de alojamiento, sin el acompañamiento de sus padres o representante legal, o a la entrada a espectáculos públicos, bares, discotecas o sitios de diversión para adultos.