María la Caprichosa
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El proyecto minero Cobre Panamá, en Donoso, provincia de Colón, se mantiene formalmente cerrado y sin operaciones desde finales de 2023, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional su contrato. Sin embargo, la auditoría ambiental que el Estado mantiene sobre el sitio revela que persisten obligaciones sin cumplir.
Entre los hallazgos pendientes destaca la reforestación y compensación: la empresa debe atender 7,375 hectáreas fuera de la huella del proyecto y 3,100 hectáreas dentro de ella, identificadas por la auditoría de SGS y por la Dirección Forestal de MiAmbiente (DIFOR). También se exige demostrar avances reales en restauración ecológica: control de erosión y sedimentos, recuperación de ecosistemas acuáticos y corredores funcionales para la fauna.
A esto se suman incumplimientos históricos que continúan bajo seguimiento pese a haber sido objeto de sanciones administrativas: drenaje ácido, procesos de erosión, disposición de llantas, el sistema de conducción de relaves, descargas de agua y la capacidad de las pozas de aguas de contacto.
Desde 2024, un equipo de más de doce científicos panameños —biólogos, geólogos, químicos e ingenieros— inspecciona y vigila de forma continua el proyecto a través de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA) de MiAmbiente. Esta misma semana el equipo se encuentra en el terreno.
El grupo utiliza drones multiespectrales, sistemas de información geográfica, sondas multiparamétricas y bioindicadores como macroinvertebrados para evaluar la calidad del agua, el suelo, el aire y la vida de los ríos alrededor del proyecto. Este año la institución incorporó además tres nuevas líneas de investigación: un estudio hidrogeológico ampliado, monitoreo de olores y vibraciones, y un uso más extenso de bioindicadores acuáticos.
El equipo incluye también a una socióloga, encargada de captar la percepción de las comunidades cercanas y documentar el impacto del proyecto en sus dinámicas sociales y económicas.
"No basta con que la mina esté cerrada. Nuestra obligación es estar ahí, con ciencia y con rigor, verificando cada compromiso y exigiendo que se corrija lo que haga falta", afirmó Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente.
La fiscalización se enmarca en una Comisión Interministerial designada por el presidente José Raúl Mulino a inicios de junio de 2026, encabezada por el Ministerio de Comercio e Industrias e integrada por los de Ambiente y Economía, que analiza la realidad técnica, económica y ambiental del proyecto.
"Mientras exista una obligación ambiental pendiente en la mina de Donoso, el Estado panameño estará presente, con ciencia propia y de forma permanente, hasta que se corrija", sostuvo Navarro.
Desde 2024, MiAmbiente ha elaborado más de una docena de informes técnicos de fiscalización y monitoreo ambiental sobre el proyecto, todos de carácter público y disponibles en la página web de la institución.