Fiscalía General de Cuentas revela 'hackeo' y advierte que recorte presupuestario afecta su seguridad tecnológica
El fiscal anunció que presentará una reconsideración ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para insistir en la necesidad de reforzar el financiamiento.
Panamá/El fiscal de Cuentas, Jaime Barroso, advirtió que la institución enfrenta una grave vulnerabilidad tecnológica tras haber sido víctima de un hackeo en marzo pasado, precisamente por no contar con un sistema de seguridad robusto. Sus declaraciones se dieron durante la sustentación de su presupuesto para 2026, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
En marzo de este año la Fiscalía General de Cuentas fue hackeada, precisamente por no tener las seguridades tecnológicas que una institución de complejidad y envergadura como la Fiscalía debería tener”, declaró Barroso.
El fiscal atribuyó esta debilidad a las restricciones presupuestarias que enfrenta la entidad, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendara una asignación de $5.8 millones, frente a los $7.4 millones solicitados, lo que representa un recorte del 21 %.
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Un presupuesto limitado
Barroso detalló que habían solicitado $598,482 para inversión, pero solo se les recomendaron $303,482, de los cuales finalmente se aprobaron $129,000 para mejorar la infraestructura tecnológica, muy por debajo de los $290,000 requeridos.
Estas reducciones afectan la operación y la capacidad de inversión de la Fiscalía, obligándonos a priorizar proyectos. Se afecta arrendamiento, viáticos y otros rubros esenciales”, agregó el fiscal.
El funcionario también planteó que a la jurisdicción de cuentas solo le corresponde el 1 % del presupuesto nacional, lo que, según él, limita la capacidad investigativa de la entidad.
Balance de investigaciones
A pesar de estas limitaciones, la Fiscalía de Cuentas mantiene un flujo activo de investigaciones. Entre 2020 y julio de 2025, se han realizado 350 investigaciones, vinculando a 891 personas, con más de 23 mil diligencias judiciales relacionadas a posibles afectaciones al patrimonio público por un monto estimado de $54 millones.
En el período comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, se han abierto 100 investigaciones que involucran a 602 personas, con un posible perjuicio al Estado de alrededor de $39 millones.
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En cuanto a medidas cautelares, Barroso explicó que entre 2020 y julio de 2025 se han presentado 246 solicitudes por un monto total de $62 millones. En el último año, se registraron 59 medidas cautelares que suman $7.3 millones.
En tota se indicó que hay 150 casos activos en la Fiscalía , en primer ingreso, con informes de la Contraloría.
Una institución con recursos limitados
El objetivo principal de la Fiscalía de Cuentas es investigar supuestas irregularidades cometidas por servidores públicos o agentes de bienes en el manejo de fondos estatales, mientras que el Tribunal de Cuentas es el encargado de juzgar y sancionar a quienes incurran en estas prácticas.
En ese sentido, el fiscal anunció que presentará una reconsideración ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para insistir en la necesidad de reforzar el financiamiento, especialmente en materia de seguridad tecnológica, luego de que el reciente hackeo dejara en evidencia la fragilidad del sistema.