Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana: Caso del ministro del MOP pondrá a prueba la Ley de Conflictos de Interés

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, advirtió que la reiteración de casos de presuntos conflictos de interés en la administración pública evidencia un problema estructural que requiere medidas preventivas más efectivas, en lugar de respuestas aisladas una vez ocurren los hechos.

En un pronunciamiento titulado "Prevención: la clave contra los conflictos de intereses", la organización sostuvo que situaciones relacionadas con decisiones sobre el bioetanol, misiones comerciales y actuaciones de altos funcionarios, entre ellos los ministros de Salud y de Obras Públicas, reflejan debilidades en la aplicación de la Ley 316 de 2022, que regula los conflictos de intereses en el sector público.

La fundación señaló que las contrataciones directas, la falta de transparencia sobre los beneficiarios finales de las empresas contratistas del Estado y el respaldo político a estas prácticas desde el más alto nivel del Ejecutivo debilitan los principios de integridad y transparencia en la gestión pública.

Según el organismo, la responsabilidad de prevenir los conflictos de interés recae principalmente en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), entidad que debe velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 316 de 2022. Recordó que la normativa obliga a los servidores públicos a presentar declaraciones juradas de intereses y establece la nulidad absoluta de los actos administrativos cuando se comprueben conflictos de interés.

Caso del MOP pondrá a prueba la ley

La organización destacó el caso del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, al considerar que representa una prueba para la aplicación de la legislación vigente.

De acuerdo con la fundación, Andrade pasó de ser contratista del Estado a dirigir la institución encargada del contrato, autorizando posteriormente un aumento en el costo de la obra y dando por concluidos los trabajos. Añadió que el grupo empresarial vinculado a la compañía de la que formó parte continúa siendo uno de los principales contratistas del Ministerio de Obras Públicas.

Asimismo, cuestionó las declaraciones del ministro, quien afirmó que no reportó su relación con la empresa porque desconocía que debía hacerlo, situación que, según la organización, evidencia no solo un posible incumplimiento de la norma, sino también fallas en los mecanismos de aplicación y control.

La fundación recordó que el expediente fue remitido recientemente a la Corte Suprema de Justicia por la directora de la Antai, Sheila Castillo de Arias, en respuesta a una solicitud presentada por el exdiputado y dirigente del movimiento Vamos, Juan Diego Vásquez, por tratarse de la instancia competente para investigar a ministros de Estado.

Piden mayor transparencia

La organización indicó que este proceso representa un precedente para evaluar la efectividad de la Ley 316 de 2022, cuya elaboración impulsó junto con diputados independientes mediante la incorporación de estándares internacionales y experiencias comparadas.

Sin embargo, lamentó que durante la discusión legislativa se eliminara la publicidad efectiva y accesible de las declaraciones de intereses, mecanismo que considera esencial para prevenir conflictos antes de que se materialicen.

Además, advirtió que la Antai enfrenta limitaciones para administrar la información contenida en más de 24 mil declaraciones juradas, debido a la falta de capacidades digitales y de mecanismos de transparencia que permitan el escrutinio ciudadano.

Para la Fundación Libertad Ciudadana, fortalecer la publicidad de estas declaraciones, el control social y los estándares de conducta pública resulta indispensable para detectar oportunamente riesgos, proteger la libre competencia en las contrataciones estatales y evitar la captura del Estado por intereses económicos.

Finalmente, la organización sostuvo que, mientras estas herramientas no sean asumidas como parte de una política integral de prevención, las instituciones continuarán reaccionando de manera tardía ante casos de corrupción que, a su juicio, pueden evitarse mediante mayor voluntad política e institucional.