Gobierno y pescadores buscan llegar a un acuerdo sobre nueva ley
Luego de varios días de protestas por parte de los gremios pescadores artesanales en contra de la nueva ley que regula esta actividad, la directora de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Flor Torrijos manifestó que ayer, tanto los pescadores artesanales como industriales y semi-industriales concluyeron que se requiere renovar la ley.
Según Torrijos, el objetivo de este proyecto de ley es estructurar las multas disuasorias, que actualmente van de 10 mil dólares a 1 millón de dólares, lo que dificulta a los funcionarios de la ARAP aplicar dichas sanciones de acuerdo a la infracción.
Torrijos explicó que, en su lugar, lo que la nueva ley propone son multas donde se multiplica el tonelaje neto de la embarcación por 100 o 10, pero lo importante es que no cometa ninguna infracción.
“Esta ley representa la lucha generacional de todos los pescadores, sobre todo los artesanales a los que no aplican estas multas. Las multas descritas en el documento solo aplican a los pescadores industriales y semi-industriales”, puntualizó Torrijos.
Además, señaló que esta ley garantizará el derecho de los pescadores de acceder a las playas para que realicen cambios en sus aparejos, debido a que hoy día muchos dueños le prohíben hacer estas maniobras.
De igual forma, la institución, el Ministerio de Ambiente, ni los Alcaldes podrán imponer áreas donde no se pueda desarrollar la actividad, en cambio se crearán comisiones de trabajo y manejo entre pescadores y la entidad para que se organicen ordenaciones pesqueras.