Gremios periodísticos en alerta por anteproyecto de ley 51 para modificar el Código Penal

Los gremios periodísticos sostienen que la reforma propuesta al artículo 196 del Código Penal "constituye un retroceso frente a los estándares alcanzados por Panamá en materia de libertad de expresión. Aunque se presenta como una medida contra falsedades deliberadas, permitiría nuevamente la utilización del proceso penal frente a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que investiguen o cuestionen el ejercicio del poder público".

Cámaras y micrófonos de medios de comunicación. / TVN Noticias

Ciudad de Panamá/El Consejo Nacional de Periodismo, el Forum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí, se mantienen en alerta ante el Anteproyecto de Ley 51 que busca modificar el Código Penal en materia de delitos contra el honor.

"Como gremios, reconocemos la necesidad de proteger a las personas frente a la suplantación digital, los deepfakes maliciosos y otras formas de manipulación tecnológica utilizadas para engañar, defraudar o causar daños graves. Sin embargo, esa finalidad legítima no puede alcanzarse mediante penas desproporcionadas ni reformas que reduzcan las garantías aplicables a la crítica de los funcionarios públicos", expresaron en el comunicado.

Señalan que "El Anteproyecto de Ley 51 mezcla dos materias que deben discutirse separadamente. Una es la regulación de contenidos digitales falsos creados mediante inteligencia artificial. Otra, completamente distinta, es la pretensión de restablecer la responsabilidad penal por expresiones relacionadas con funcionarios públicos".

Los gremios periodísticos sostienen que la reforma propuesta al artículo 196 del Código Penal "constituye un retroceso frente a los estándares alcanzados por Panamá en materia de libertad de expresión. Aunque se presenta como una medida contra falsedades deliberadas, permitiría nuevamente la utilización del proceso penal frente a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que investiguen o cuestionen el ejercicio del poder público".

El texto también utiliza conceptos indeterminados como “finalidad denigrante”, “apariencia de autenticidad” e “idóneo para causar daño”. Estas expresiones podrían dar lugar a interpretaciones subjetivas, investigaciones arbitrarias y autocensura, agregan.

"Resulta especialmente preocupante que se contemplen penas de hasta siete años de prisión", acota el comunicado.

La Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, emitida por la Sociedad Interamericana de Prensa, establece que los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta contra funcionarios públicos o personas expuestas voluntariamente al escrutinio social, exigiendo que en reclamos civiles se pruebe la "real malicia".

"Solicitamos que la regulación de los deepfakes maliciosos o una suplantación deliberada sea objeto de una discusión independiente, técnica y participativa porque somos conscientes que regular la inteligencia artificial es necesario, pero utilizar esa regulación para reabrir la persecución penal de la crítica a los funcionarios sería un grave retroceso democrático para Panamá", finaliza el comunicado.

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