Gremios periodísticos rechazan proyecto de ley sobre derecho a réplica aprobado en primer debate en la Asamblea

Ciudad de Panamá/ El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí manifestaron su rechazo al Proyecto de Ley 391 sobre derecho a réplica, aprobado de forma unánime en primer debate por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que, tal como está concebida, la iniciativa "altera el equilibrio entre responsabilidad informativa y libertad editorial al transformar un principio de autorregulación —propio de la ética periodística— en un mecanismo coercitivo sujeto a sanción judicial".

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El texto recuerda que "el ejercicio del periodismo se fundamenta en la búsqueda de la verdad y en el respeto a la sociedad" y que "la buena práctica periodística incorpora de manera natural el derecho a la réplica y a la rectificación como herramientas de rigor y equilibrio informativo".

Las organizaciones reiteraron que "la réplica debe ser un ejercicio de responsabilidad, no un instrumento legal destinado a inhibir la crítica o la fiscalización pública en detrimento de las libertades ciudadanas".

Sobre el contenido del proyecto, que pretende reformar la Ley 22 de 2005, el comunicado indica que introduce disposiciones que "interfieren directamente en la autonomía editorial", al establecer "plazos de apenas 48 horas y obligar a los medios a reservar espacios permanentes para respuestas", lo que impone "mecanismos que condicionan la gestión informativa y la organización interna de los medios".

También expresaron preocupación por "la ampliación de responsabilidades jurídicas más allá de quienes producen directamente los contenidos informativos", al extender eventuales sanciones hacia "estructuras empresariales o administrativas que no intervienen en la elaboración del mensaje periodístico —e incluso hacia espacios de terceros o programas contratados—", lo que introduce "una lógica de responsabilidad difusa que no fortalece el derecho a la información".

El documento señala que "no deja de ser significativo que iniciativas de esta naturaleza logren respaldo transversal en el debate legislativo" y que "cuando se trata de restringir o condicionar el ejercicio de las libertades públicas, las diferencias ideológicas suelen diluirse con rapidez".

Finalmente, las organizaciones concluyeron: "La transparencia y la honra se protegen fortaleciendo la ética profesional, no mediante la imposición de leyes que trasladan responsabilidades de forma desproporcionada y que, en última instancia, debilitan el debate plural en nuestra democracia".